El Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aclaró que no existe ninguna comunicación formal ante el Ministerio de Trabajo que avale una medida de fuerza para el jueves 21 de agosto. Esta definición oficial marca el eje del conflictivo escenario —el paro no está reconocido legalmente— y anticipa que toda inasistencia deberá cumplir con lo estipulado por la normativa vigente.
La cartera educativa advirtió que cada ausencia, tanto de docentes como de auxiliares de servicio, deberá ser debidamente justificada. Esto implica que cualquier falta no respaldada por motivos válidos será considerada injustificada y pasible de sanciones administrativas, incluyendo descuentos salariales conforme al régimen educativo provincial.
La ministra de Educación, Soledad Martínez, subrayó que la inasistencia “es injustificada al no estar avalada por la conducción de toda la provincia; en términos técnicos no es legal”. Su mensaje refuerza el marco técnico y jurídico con el que se desautoriza públicamente la convocatoria.
Se recordó también que la jornada unificada del 13 de agosto ya fue descontada a quienes no asistieron, dado que esa actividad institucional debía cumplirse en las escuelas donde cada docente tiene carga horaria. Esto refuerza la coherencia normativa y administrativa del sistema educativo provincial.
El pronunciamiento gubernamental se produce en un contexto de confrontación interna dentro del sindicato docente ATEN. La convocatoria fue lanzada por la seccional Capital, sin respaldo de la conducción provincial, lo que generó una dura disputa sobre la legitimidad de la medida y su representatividad sindical.
La conducción provincial, liderada por Marcelo Guagliardo, rechazó que esa asamblea convocante tuviera facultades para decidir un paro y calificó la acción como “antidemocrática” y fuera de la estructura formal del gremio. Además, anunció que la medida será desconocida y que sus impulsores asumirán las consecuencias.
Por su parte, desde ATEN Capital, la secretaria general Angélica Lagunas defendió la convocatoria y remarcó la exigencia de que el acuerdo salarial contemple una actualización mensual según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sostuvo que la medida obedece al reclamo legítimo por deterioro del poder adquisitivo.
El estado deliberativo de esta controversia deja en claro que para este jueves no hay paro legalmente válido en Neuquén, y que toda inasistencia sin justificación será sancionada administrativamente. La tensión sindical, sumada al mensaje institucional, anticipa un clima de confrontación que pondrá a prueba tanto la cohesión gremial como la capacidad de respuesta del Estado provincial.
