El 95% de los empleados públicos que participaron en el “examen de idoneidad” impulsado por el Gobierno nacional fue aprobó en su primer intento, según los últimos datos oficiales. Hasta el momento, 9000 trabajadores estatales de planta transitoria y contratados han completado las pruebas obligatorias que incluyen preguntas sobre competencias básicas. Este examen se ha convertido en un requisito indispensable para la renovación de contratos en la administración pública.
El examen fue establecido semanas atrás como una condición para los 40.000 trabajadores cuyos contratos expiran el 31 de diciembre. La evaluación es necesaria para la renovación, aunque el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, aclaró que aprobarla no garantiza automáticamente la renovación de los contratos. La decisión final se tomará en función de “parámetros usuales”, como el desempeño laboral y la necesidad de cada puesto.
Las pruebas están divididas en tres tipos: servicios generales, administrativos y profesionales, y están diseñadas para evaluar las habilidades fundamentales en cada área. Todas las evaluaciones son anónimas y de opción múltiple, tienen una duración de una hora y se realizan de manera presencial. Los resultados se procesan automáticamente, lo que garantiza que no haya sesgos en la corrección.
A pesar de que los empleados tienen hasta tres intentos para aprobar, el 95% de los evaluados lo logró en el primer intento. Este alto porcentaje de aprobados refleja la efectividad de las preparaciones previas y la capacidad de los trabajadores públicos para adaptarse a los nuevos requerimientos establecidos por el gobierno.
El proceso de evaluación se implementará por etapas, comenzando con las jurisdicciones y entidades ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se prevé que se realicen alrededor de 2000 exámenes por día en esta primera fase, lo que permitirá una implementación ordenada y eficiente en toda la administración pública.
A pesar de las críticas iniciales, los principales sindicatos del sector público como UPCN y ATE terminaron colaborando activamente con el proceso. Estos gremios brindaron apoyo a los trabajadores con clases preparatorias y aseguraron que las pruebas se realizaran con transparencia, garantizando que el proceso fuera justo y equitativo para todos los empleados.
El examen de idoneidad es parte de una estrategia más amplia del gobierno para mejorar la calidad del servicio público y garantizar que los empleados tengan las competencias necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente. A medida que se avanza en la implementación de la evaluación, se espera que el proceso se expanda a todas las áreas del sector público.
Con una participación activa de sindicatos y un alto porcentaje de aprobados en el primer intento, el examen de idoneidad podría convertirse en una herramienta clave para asegurar la calidad y eficiencia en la administración pública, en un contexto de constante transformación del Estado.
