El diputado nacional Sergio Capozzi (PRO – Río Negro) presentó un proyecto de ley para reformar el sistema de litigios laborales en el país. La iniciativa busca establecer un mecanismo de acuerdo previo entre el trabajador y la aseguradora para evitar la judicialización de accidentes y enfermedades profesionales. «En Francia, con un sistema similar, hubo 800 juicios en un año. En Argentina, 130.000», señaló en una entrevista radial.
El proyecto establece que, antes de acudir a la justicia, el trabajador y la aseguradora deberán consensuar la indemnización con la intervención de médicos de ambas partes. «Si los dos médicos se ponen de acuerdo, el trabajador cobra sin necesidad de juicio», explicó Capozzi. Además, criticó el accionar de algunos abogados laboralistas, a quienes calificó como «caranchos» que retienen hasta un 40% de la indemnización.
Capozzi alertó que el actual sistema de litigios pone en riesgo a las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), advirtiendo que «hoy los pasivos de las ART están al borde del rojo. En un año y medio, podrían colapsar». Afirmó que la judicialización genera una distorsión en la que «no hay mejor inversión en Argentina que iniciar un juicio laboral», debido a los intereses acumulados.
Ante la posibilidad de que su iniciativa afecte otros reclamos laborales, aclaró que «esto solo abarca accidentes y enfermedades profesionales», manteniéndose los mecanismos judiciales habituales para despidos o maltrato laboral. También subrayó la importancia de la prevención y advirtió que «el sistema de control debe estar separado de las ART, porque negocian con las empresas».
Por su parte, la diputada Verónica Razzini PRO (Santa Fe) respaldó la iniciativa y destacó que «hoy tenemos un problema gravísimo: los juicios laborales tardan hasta 10 años en resolverse, generando deudas impagables para las empresas». Advirtió que los intereses acumulados pueden llevar a las pymes a la quiebra, afectando también a los trabajadores.
Razzini explicó que los montos de actualización deben ser revisados para evitar distorsiones económicas. «Un juicio iniciado en 2010 por un millón de pesos puede terminar costando 160 millones, lo que es imposible de pagar», sostuvo. Aseguró que la crisis inflacionaria ha agravado la situación y que es necesario establecer un sistema previsible.
Para abordar este problema, los legisladores del PRO proponen un mecanismo de actualización con un tope basado en el IPC más un 3%. «Esto le da certeza a los empresarios sobre cuánto deberán pagar en caso de juicio», explicó Razzini. La iniciativa busca reducir la incertidumbre y evitar el cierre de empresas por deudas laborales impagables.
