La diputada Giselle Stillger presentó un proyecto de ley para permitir la participación de capital privado en la construcción y gestión de cárceles en Neuquén. La iniciativa busca aliviar la crisis penitenciaria que afecta a la provincia tras años de desinversión y sobrepoblación en los establecimientos existentes.
El proyecto de Stillger, del bloque Arriba Neuquén, plantea una reforma estructural del sistema penitenciario. La propuesta permitiría que empresas privadas financien, administren y operen las cárceles, ofreciendo una alternativa a la falta de recursos estatales destinados a infraestructura penitenciaria.
«Tenemos un problema de al menos una década de desinversión en el sistema penitenciario», advirtió la diputada. Recordó que en febrero de 2024 se declaró la emergencia carcelaria en la provincia, habilitando al Ejecutivo a tomar deuda para ampliar y mejorar los penales. Sin embargo, sostuvo que las cárceles no han sido prioridad en comparación con otras áreas como educación, salud y transporte.
El proyecto contempla distintas modalidades de participación privada, desde la construcción hasta la gestión parcial o total de los penales. La legisladora señaló que la propuesta toma como referencia modelos implementados en países como Chile, Uruguay y Brasil, donde este esquema ha funcionado con distintos niveles de éxito.
Una de las claves de la iniciativa es que las empresas que construyan cárceles deberán ofrecer oportunidades laborales a los presos. Según Stillger, esto permitiría mejorar la reinserción social y reducir la reincidencia delictiva, convirtiendo las unidades penitenciarias en espacios productivos.
«Es una herramienta más que ha funcionado en el mundo y que podemos adaptar para Neuquén», destacó la legisladora. Aseguró que el modelo de cárceles privadas permitiría aliviar la crisis sin comprometer los recursos estatales, facilitando una gestión más eficiente y con mayor control de costos.
El proyecto generó un intenso debate en la Legislatura provincial, donde algunos sectores expresaron preocupación sobre el rol del Estado. Críticos de la propuesta advierten que la privatización del sistema penitenciario podría priorizar la rentabilidad sobre los derechos humanos de los internos, y exigen mayores controles y regulaciones.
A pesar de las posturas enfrentadas, la discusión sobre la reforma carcelaria ya está en marcha en Neuquén. El tratamiento del proyecto en comisiones legislativas determinará si la provincia avanzará en la incorporación de capital privado en su sistema penitenciario.
