Familiares y amigos de Luciana Muñoz se movilizan este martes al cumplirse diez meses de su desaparición, exigiendo respuestas y justicia ante la falta de información de su paradero.
La marcha comenzó a las 18 desde las calles 1 de Mayo y Coronel Rodhe, en el epicentro del oeste neuquino, con el objetivo de continuar visibilizando el caso y exigir avances concretos en la investigación.
Luciana fue vista por última vez el pasado 13 de julio, cuando salió de su casa 17 de la manzana 2 del barrio Gran Neuquén Norte. La joven partió desde la casa de su abuela, rumbo a visitar a un amigo y nunca volvió. Su madre perdió contacto con ella ese mismo día y el 16 de julio realizó formalmente la denuncia por desaparición.
Una vez que se radicó la denuncia formal, su búsqueda incluyó allanamientos, pericias y múltiples declaraciones. Incluso el Gobierno Provincial ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para quienes aporten información certera que contribuya a la aparición de Luciana Muñoz Aguerre.
Uno de los principales apuntados en la causa es Maximiliano Áviles, ex pareja de Luciana, quien fue imputado por falso testimonio en agosto del año pasado. El juez de garantías Juan Guaita prorrogó por 15 días su prisión domiciliaria, luego de una audiencia solicitada por el fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez. Áviles había sido detenido tras incurrir en contradicciones en sus declaraciones, que entorpecieron el proceso de investigación.
El acusado había afirmado que no estuvo con Luciana el día que desapareció, pero testimonios y cámaras de seguridad lo ubicaron con ella, incluso en medio de una discusión, y posteriormente en la zona donde se perdió su rastro. Inicialmente estuvo con arresto domiciliario, pero al incumplir las condiciones impuestas, se le dictó prisión preventiva. Más adelante, volvió a cumplir la medida en su domicilio, donde permanece mientras se espera la fecha del juicio.
Durante los allanamientos realizados en agosto de 2024, se hallaron manchas de sangre en la casa del imputado y en la vivienda de un presunto dealer. Las pericias confirmaron que eran restos humanos, aunque no pertenecían a la joven desaparecida.
La familia denunció que la Fiscalía actuó con negligencia en la investigación
En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, el abogado de la familia anticipó un escrito firmado por Lila, la madre de Luciana, donde se exponen duras críticas al accionar judicial y se exige el cambio de calificación legal del caso a “privación ilegítima de la libertad”, en base al artículo 142 bis del Código Penal.
El abogado de la familia, Alfredo Cury, señaló que recién semanas atrás la madre “pudo acceder a las entrevistas clave de la causa».
Además, afirmó que “hay elementos contundentes que demuestran que algunas personas mienten en sus declaraciones y que ya está identificado el círculo de responsables, incluso uno de los implicados habría confesado parcialmente antes de retractarse”.
Según la defensa, la falta de cuerpo no debe ser un impedimento para avanzar, ya que existen pruebas suficientes para solicitar detenciones.
Asimismo, se apuntó contra el fiscal general José Jerez por su rol en la conducción de la política criminal en la provincia. La familia reclama también que se evalúe si el caso debe tratarse como una desaparición forzada a nivel federal, dado el posible vínculo con redes de narcotráfico.
