Jessica Rancosi, víctima de violencia de género, vive una situación desesperante en la que se combina el sufrimiento por la agresión sufrida y la dificultad para encontrar un lugar seguro para ella y sus cuatro hijos pequeños. Desde octubre del año pasado, enfrenta una ola de robos y amenazas mientras se ve obligada a residir en un refugio temporal para personas en situación de calle. Esta realidad no solo le ha arrebatado su tranquilidad, sino que ahora enfrenta la amenaza de ser expulsada del refugio en solo cinco días.

Jessica vivía con su expareja en un pequeño departamento en la casa de los abuelos de él. La violencia que sufrió la obligó a huir, buscando refugio en diferentes centros, pero el ciclo parece repetirse. Tras su denuncia por violencia de género, el regreso al agresor fue una opción inevitable debido a la falta de alternativas. Jessica relató que incluso en su segundo refugio, no solo se le exigió irse después de diez meses, sino que también, en el transcurso de los tres meses posteriores a su regreso con su agresor, sufrió nuevos episodios de violencia.

Actualmente, el refugio le ha otorgado una ayuda económica temporal, pero solo por cinco días más. Este apoyo, que debería ofrecerle algo de esperanza, no es suficiente para encontrar un alquiler adecuado para ella y sus hijos. La realidad del mercado inmobiliario se le presenta como un obstáculo casi insuperable: alquileres que exigen un mes de depósito, recibos de sueldo y garantías que triplican el valor del alquiler. Jessica, además, no tiene acceso a la asignación universal, ya que el padre de sus hijos cobra la prestación sin cumplir con su obligación de pagar la cuota alimentaria.

A pesar de contar con un botón antipánico y haber denunciado a su agresor, Jessica enfrenta la realidad de que no hay pruebas legales suficientes contra él, según la justicia. Su abogado le ha explicado que no se han tomado acciones suficientes para garantizar su seguridad, y, lo que es peor, las denuncias de violencia de género parecen haberse desestimado sin intervención real.

La situación empeora al saber que, en solo cinco días, Jessica debe dejar el refugio sin un lugar a donde ir. Este caso refleja una crisis social donde las víctimas de violencia de género no cuentan con un apoyo continuo y las opciones de reubicación son limitadas o inexistentes. La falta de recursos y la falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades y organismos responsables se suman a un sistema judicial que no protege adecuadamente a quienes más lo necesitan.

El testimonio de Jessica pone de manifiesto la urgencia de cambiar la realidad que enfrentan las mujeres en situación de violencia de género. No solo se necesitan más refugios, sino también un sistema judicial más ágil que garantice la protección de las víctimas y que, al mismo tiempo, evite que las personas afectadas queden sin recursos o sin opciones ante un agresor. Es crucial que las políticas públicas no solo contemplen el apoyo temporal, sino también soluciones permanentes que ofrezcan seguridad y dignidad a las mujeres y niños afectados por la violencia doméstica.