Ivana Hurtado, vecina de Chichinales, denunció en Radio 7 una maniobra fraudulenta que afectó a su padre, quien padece un trastorno bipolar severo. Según su testimonio, una inmobiliaria de reciente creación, identificada como Herdprop, habría utilizado su vulnerabilidad para apropiarse de 14 hectáreas de tierras ubicadas en la esquina de Crucellus y Punta de Indios, frente al Hipódromo de Neuquén.
Carlos Hurtado, padre de Ivana, habría sido inducido a firmar un acuerdo en el que cedía sus tierras por 700 mil pesos y un auto, elementos que nunca recibió. La empresa, encabezada por un hombre identificado como Ezequiel Rojas, habría intentado obtener la titularidad de las tierras iniciando un trámite de prescripción ante el Juzgado Civil.
La familia tomó conocimiento del caso tras un intento de suicidio por parte del señor Hurtado. Desde entonces, sus hijos se hicieron cargo tanto de su salud como de la defensa legal de las tierras. Según Ivana, lograron frenar el trámite judicial y presentaron denuncias en Fiscalía, pero Rojas continuó vendiendo parcelas de 10×25 metros a través de publicaciones en Facebook y otros vendedores, a pesar de no tener ningún derecho sobre los terrenos.
«Mi papá vive ahí hace más de 40 años. Es el único tenedor pacífico, público e ininterrumpido. Él desarrolla su vida en esas tierras. Nadie más tiene derecho a venderlas», afirmó Ivana en diálogo con Radio 7. Además, aseguró que hay una medida cautelar de no innovar sobre el predio.
La situación ha derivado en amenazas, intentos de usurpación y hasta un violento episodio en 2023, cuando tres personas armadas ingresaron al domicilio, ataron y golpearon al señor Hurtado, y le robaron el vehículo. La familia denuncia también actos de amedrentamiento, como pintadas con amenazas de muerte en la zona.
Pese a las advertencias judiciales, el acusado habría vendido al menos 40 lotes, generando un nuevo grupo de damnificados. Ivana relató que muchas de estas personas se acercaron al domicilio de su familia reclamando las tierras, incluso de forma agresiva, por lo que también se han visto obligados a instalar cámaras de seguridad y solicitar medidas de protección.
«Tenemos toda la documentación médica, el proceso de restricción de capacidad en curso, las denuncias presentadas, pero necesitamos visibilizarlo públicamente para que se detengan las estafas y la justicia acelere su accionar», remarcó Hurtado.
La familia colocó carteles que advierten que las tierras no están en venta, pero han sido arrancados sistemáticamente. Mientras tanto, continúan solicitando que se investigue a fondo la presunta red de complicidades detrás de estas maniobras fraudulentas.
