La comunidad mapuche Lof Melo, ubicada en las cercanías de Villa La Angostura, denunció públicamente situaciones de hostigamiento y vigilancia irregular por parte de efectivos de fuerzas federales en el marco de una orden de desalojo vigente. El lonko del territorio, Lucas Melo, acusó a los involucrados de recurrir a maniobras de infiltración para obtener información interna sobre el grupo, sus integrantes y sus movimientos.

Según el referente indígena, durante las últimas jornadas se observaron móviles de la Policía Federal recorriendo reiteradamente la zona, sacando fotos de los accesos a la comunidad y actuando de forma intimidante. Además, denunció que dos personas llegaron a pie hasta las inmediaciones del Lof haciéndose pasar primero por periodistas del medio nacional Infobae y luego como integrantes de una comunidad jujeña recientemente afectada por otro conflicto territorial.

El episodio generó alarma entre los integrantes del Lof, que advirtieron inconsistencias en los relatos de estas personas, quienes se presentaron con escasa vestimenta para la zona y no pudieron justificar cómo habían llegado hasta allí ni su verdadero propósito.

El reclamo de fondo apunta directamente contra el juez Juan Pablo Moreno, a cargo del juzgado de Villa La Angostura, a quien la comunidad acusa de negarse sistemáticamente al diálogo, de rechazar las vías institucionales y de actuar como un actor parcial en favor de los intereses privados que litigan por esas tierras.

Desde el Lof Melo insisten en que la causa no es de índole federal, ya que el territorio ya cuenta con relevamiento territorial reconocido y no involucra a Parques Nacionales. “Este conflicto es entre privados y el juez está tomando partido”, aseguraron.

El lonko también señaló que hubo intentos anteriores de entablar conversaciones con organismos provinciales, incluyendo reuniones informales y conferencias de prensa realizadas frente a la Casa de Gobierno en la capital neuquina. La comunidad recibió respaldo del obispado, de referentes de derechos humanos como Adolfo Pérez Esquivel, y de diversos sectores sociales que advierten sobre la gravedad del proceso judicial en curso.