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Denuncian afiliaciones fraudulentas, escándalos judiciales y muertos en las listas de La Libertad Avanza en Neuquén

La Libertad Avanza atraviesa su peor crisis institucional en la provincia de Neuquén. Mientras el partido intentaba conseguir el reconocimiento como fuerza política de distrito, la Justicia Electoral detectó graves irregularidades en las afiliaciones presentadas, incluyendo la inscripción de personas fallecidas como militantes activos. La situación se agrava por el deteriorado perfil judicial de su […]

La Libertad Avanza atraviesa su peor crisis institucional en la provincia de Neuquén. Mientras el partido intentaba conseguir el reconocimiento como fuerza política de distrito, la Justicia Electoral detectó graves irregularidades en las afiliaciones presentadas, incluyendo la inscripción de personas fallecidas como militantes activos. La situación se agrava por el deteriorado perfil judicial de su principal referente provincial, la diputada nacional Nadia Márquez, quien también quedó involucrada por vínculos directos con algunas de las personas señaladas en el escándalo.

La investigación, encabezada por el secretario electoral Leonardo Zaglio Bianchini, reveló que al menos cuatro personas muertas fueron afiliadas formalmente a La Libertad Avanza, con fichas firmadas y certificadas como auténticas por autoridades partidarias. Entre los casos más notorios se encuentra el de María de los Ángeles Morales, fallecida el 31 de julio de 2024 y afiliada en abril de 2025 por la escribana Cintia Natalia Zamora, actual directora del PAMI en San Martín de los Andes. Miguel Ángel García, que murió el 11 de agosto de 2024, fue inscripto como militante por Andrés Ros. También se detectaron los casos de Alberto Aníbal Goicochea, cuyo deceso fue el 23 de agosto de 2024 y cuya afiliación fue certificada por Esteban Sebastián Salas, y de Norma Elizabeth Pascal, quien murió el 18 de enero de 2025 y fue incluida por Juan Manuel Brizuela.

Lo más llamativo es que Pascal fue registrada dos veces como afiliada por diferentes certificadores, lo que pone en evidencia la falta total de controles y una posible mecánica reiterada de falsificación documental. La ficha fue presentada primero el 14 de abril y luego el 29 de abril, cuando ya había fallecido más de tres meses antes.

A raíz de estos hechos, la jueza federal con competencia electoral, María Carolina Pandolfi, resolvió la remoción inmediata de los cuatro certificadores implicados, por haber violado el procedimiento obligatorio que exige certificar la identidad y firma del afiliado en forma presencial y contemporánea. La resolución dejó en claro que todas las afiliaciones refrendadas por estos nombres quedarán invalidadas, y ordenó la notificación al Ministerio Público Fiscal para analizar eventuales delitos penales.

Esta crisis institucional alcanza de lleno a Nadia Márquez. La escribana Cintia Zamora, hoy apartada, fue una de las principales responsables del armado libertario en la región. Márquez, además, había sido noticia semanas atrás por haber evitado un juicio oral en una causa por estafa, vinculada a un instituto educativo. La diputada nacional accedió a una suspensión del juicio a prueba, maniobra que le permitió eludir una condena penal, aunque no así las consecuencias políticas: la Ley de Ficha Limpia le impide postularse o asumir cargos públicos en el ámbito provincial. A esto se le suma una denuncia formulada por el exdiputado provincial Mariano Mansilla, quien la acusó de usar la Casa de las Leyes para realizar actividades partidarias, en un espacio institucional que entonces estaba bajo control de su entorno político.

En paralelo, el proceso de reconocimiento partidario enfrenta serios cuestionamientos administrativos y legales. Para ser oficializado como partido de distrito, LLA debía presentar al menos 2.200 afiliaciones válidas. Sin embargo, el análisis del padrón entregado entre abril y mayo arrojó graves inconsistencias. De una nómina de 709 fichas, la Justicia Electoral detectó que:

24 ciudadanos ya estaban afiliados a otros partidos,
15 figuran inhabilitados por ley,
6 tenían documentos cívicos inválidos,
una persona no figuraba en el padrón electoral,
y dos fichas correspondían a personas fallecidas.

Estas observaciones derivaron en un nuevo control de autenticidad. El tribunal ordenó verificar de forma aleatoria diez firmas presentadas, para comprobar si los ciudadanos firmaron realmente sus fichas ante los certificadores. La medida apunta a detectar si existe una práctica sistemática de falsificación o suplantación de identidad, lo cual podría escalar en el ámbito penal si se confirman más casos como los ya descubiertos.

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