La Legislatura de Neuquén dio luz verde a un paquete de cuatro leyes que buscan fortalecer el sistema de seguridad en la provincia. Se trata de una reforma integral que apunta a dotar de nuevas herramientas a la policía y al Poder Judicial, especialmente en lo que refiere al combate contra el microtráfico de drogas, la reiterancia delictiva y la reorganización institucional. El diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, celebró la aprobación y detalló el alcance de las normas, al tiempo que anticipó un posible hecho inédito en el escenario político provincial.
La primera de las leyes aprobadas establece una nueva ley orgánica para la Policía de Neuquén, que no solo jerarquiza a la fuerza, sino que además introduce criterios de humanización laboral. Hasta ahora, agentes que tomaban determinadas licencias, como el cuidado de hijos enfermos, veían obstaculizado su ascenso dentro de la carrera policial. Esta modificación incorpora licencias especiales sin penalización para ascensos, lo que constituye un avance en materia de derechos laborales en las fuerzas de seguridad.
Otro de los proyectos votados impulsa la creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana, un organismo que permitirá una articulación institucional más eficaz en la definición y seguimiento de políticas públicas vinculadas a la prevención del delito. En paralelo, se reformó el Código Procesal Penal para incorporar nuevas técnicas de investigación criminal, especialmente orientadas al microtráfico y la criminalidad organizada. A partir de ahora, se habilita la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos, se garantiza la denuncia anónima protegida para casos de venta de drogas, y se introduce la figura del agente revelador, un policía encubierto que se infiltra como cliente o transportista dentro de una banda criminal.
Además, se aprobó la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva. Esta medida busca poner freno a la llamada “puerta giratoria”, permitiendo que aquellas personas imputadas que cometan nuevos delitos durante el proceso judicial puedan ser detenidas preventivamente. Según explicó Domínguez, la acumulación de causas en libertad genera un riesgo real para la seguridad pública, y esta nueva herramienta permitirá una reacción más firme por parte del sistema penal.
Como complemento, se está trabajando en un proyecto adicional que podría votarse en las próximas semanas y que promete ser tan disruptivo como simbólico: la implementación de controles toxicológicos obligatorios, sorpresivos y aleatorios para todos los funcionarios del Estado provincial. Esta ley incluiría al gobernador, vicegobernador, diputados provinciales, intendentes, concejales, jueces, fiscales, defensores públicos y miembros de las fuerzas de seguridad. “Si estamos dando la pelea contra el narcotráfico, no puede haber convivencia ni complicidad institucional”, sostuvo Domínguez.
