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Corrientes: la Justicia ordenó bloquear 424 sitios web no autorizados para frenar el juego ilegal virtual

Es para proteger a los usuarios, evitar el acceso a plataformas no reguladas y preservar la política pública. La Justicia de Corrientes ordenó el bloqueo de 424 sitios web no autorizados para frenar el juego ilegal online, proteger a los usuarios, evitar el acceso a plataformas no reguladas y preservar la política pública de juego responsable […]

Es para proteger a los usuarios, evitar el acceso a plataformas no reguladas y preservar la política pública.

La Justicia de Corrientes ordenó el bloqueo de 424 sitios web no autorizados para frenar el juego ilegal online, proteger a los usuarios, evitar el acceso a plataformas no reguladas y preservar la política pública de juego responsable frente a un fenómeno digital que vulnera derechos y favorece actividades ilícitas.

El Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza María Amelia Zair, resolvió ordenar el bloqueo de 424 sitios web de juego online ilegal luego de que el Ministerio Público Fiscal haya recepcionado la denuncia por parte de Héctor Javier Bee Sellares, interventor del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes (ILCC).

La denuncia advierte que estas plataformas operaban sin autorización y fuera del dominio “bet.ar”, el único habilitado legalmente.

Las autoridades explicaron que las plataformas identificadas “no cuentan con habilitación de Lotería Correntina ni operan bajo el único dominio admitido por la normativa vigente para el juego online en Argentina”.

De este modo, se dio inicio a una investigación por parte de la Dirección General de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes.

La resolución ordena que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ejecute el bloqueo a través de los proveedores de internet (ISP) y supervise que la medida se cumpla, incluyendo todas las variantes o redireccionamientos de los sitios denunciados”, informaron desde el MPF.

La jueza informó que por el momento no se han podido individualizar a personas físicas o jurídicas como responsables del delito investigado.

Sostuvo además que la proliferación de estos sitios “representa una amenaza directa a la política pública de juego responsable y controlado” y que la intervención judicial busca proteger a los potenciales usuarios y garantizar el cumplimiento de la ley.

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