El conflicto judicial y social por la Cooperativa 127 Hectáreas suma nuevos capítulos que involucran no solo a la organización, sino también a sectores del Estado provincial. En una entrevista en Radio 7, el abogado Ezequiel Otarola, representante de los damnificados, confirmó que ya hay cinco causas penales y tres demandas civiles en trámite contra Jorge Salas, expresidente de la cooperativa y exfuncionario del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).
Los delitos investigados incluyen fraude, asociación ilícita, administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito. La justicia ya embargó cuentas por más de 600 millones de pesos, mientras los denunciantes advierten que la cooperativa sigue exigiendo pagos en efectivo a vecinos para evitar las restricciones judiciales.
“Esto fue una estafa planificada con complicidad estatal. Salas usó su posición en el IPVU para montar una red de poder y favores. Hay pruebas claras y esperamos que pronto se formulen los cargos”, afirmó Otarola.
Una de las aristas más delicadas de la denuncia apunta directamente al IPVU. Según el testimonio de trabajadores y documentación aportada, Jorge Salas habría incorporado a 20 personas durante su gestión, muchas de ellas en cargos jerárquicos, incluyendo a su hija, quien aún ocupa un puesto directivo.
“Si él ya no está, ¿por qué su gente sigue en funciones? Hablaron de austeridad y limpiaron empleados de carrera, pero mantuvieron a funcionarios puestos por él. Eso es una estructura de poder, no un error administrativo”, denunció el abogado.
Además, empleados actuales y exfuncionarios del IPVU hablaron de persecución laboral contra quienes cuestionaban estas maniobras. Algunos testigos señalaron que “se marcaban terrenos abandonados que después aparecían usurpados”, en un esquema de presunta planificación interna.
Pese a las medidas judiciales vigentes, la cooperativa sigue operando de forma irregular. Con las cuentas bloqueadas, se detectaron cobranzas en mano, mediante correo electrónico o contactos personales.
“Es una maniobra desesperada para recaudar lo que puedan antes de que se caiga todo. Es típico de las estafas cuando el sistema está por colapsar”, alertó Otarola.
Actualmente, los 600 millones de pesos embargados están bajo custodia judicial, pero el destino de las sumas abonadas en efectivo por fuera del sistema bancarizado es desconocido.
Los damnificados solicitaron de forma formal la intervención de la cooperativa, con la participación del Estado provincial y un representante de las familias afectadas. Además, se reunieron con el diputado César Gass para impulsar una reforma del Código Procesal Civil, que permita actuar con mayor celeridad ante delitos económicos de esta magnitud.
“Queremos evitar que estos delitos vuelvan a ocurrir. La justicia llega tarde, y cuando llega, muchas veces ya no hay bienes que recuperar. Esto tiene que cambiar”, remarcaron.
Mientras tanto, cada sábado a las 9 de la mañana, los damnificados se concentran en el Monumento a San Martín de la ciudad de Neuquén, donde reúnen firmas para un petitorio que será enviado al Poder Ejecutivo Nacional.
