La incertidumbre y el enojo crecen entre las familias que denuncian haber sido estafadas por la Cooperativa 127 Hectáreas, ubicada detrás del hipermercado Jumbo en la ciudad. En diálogo con Radio 7, Marianela Álvarez, una de las denunciantes y vecina involucrada desde hace más de una década, afirmó que la situación “es desesperante” y que las viviendas podrían ser entregadas “a dedo”, pese a que muchas ya están judicializadas.

“Somos diez familias que estuvimos día y noche cuidando las casas bajo el frío, sin entrar, porque no queríamos usurpar, solo proteger lo que creemos que nos corresponde”, expresó Álvarez. La vecina remarcó que vienen pagando cuotas sociales, aportes para obras como paredones que nunca se construyeron y entregas de dinero sin recibir respuestas concretas por parte de la conducción de la cooperativa.

El lunes, la tensión se desató cuando ingresó al predio el presidente de la cooperativa, identificado como Sala, investigado por la Justicia. Según los testimonios, llegó acompañado de colaboradores en un tono intimidante y mantuvo un breve diálogo con los vecinos, pero “no dejó nada en claro” sobre el futuro de las viviendas. “Nos negó que estén judicializadas, pero ya hablamos con Fiscalía y sabemos que sí lo están”, subrayó Álvarez.

El conflicto escaló cuando comenzaron a llegar más socios al predio, lo que derivó en enfrentamientos verbales entre quienes apoyaban a Sala y quienes respaldaban a los denunciantes. “Nos enfrentaron entre socios, cuando todos estamos por lo mismo: nuestras casas”, lamentó. La situación se agravó cuando Roxana, una exautoridad de la cooperativa, maltrató a un vecino y a sus hijos menores, echándolos del lugar y tirando sus pertenencias.

Los damnificados denuncian haber sido engañados repetidamente con promesas incumplidas. “A mí me dijeron cuatro veces que me entregaban la casa, y nunca pasó”, relató Marianela. La falta de transparencia, sumada al accionar violento de algunos miembros de la cooperativa, refuerza la idea de que la conducción busca manipular la entrega de viviendas por fuera de los canales legales.

Tras ser desalojadas por la policía, las familias confirmaron que continuarán su reclamo por la vía judicial. “Queremos que nos entreguen nuestras casas o que nos devuelvan el dinero”, dijo Álvarez. El grupo está recopilando toda la documentación que respalda su pertenencia a la cooperativa y su cumplimiento con los pagos requeridos, e invitó a otras personas en la misma situación a sumarse.

Además, los denunciantes advirtieron que la cooperativa sigue utilizando redes sociales para difundir información confusa. Según relataron, se convocó a una reunión que luego fue desmentida públicamente, lo que llevó a varios socios a ir a la casa de Sala en busca de explicaciones. “Nos mienten por todos lados. Nadie da la cara”, sostuvo la vecina.

Por ahora, la lucha continúa con apenas una decena de familias organizadas, aunque esperan que más personas se sumen al reclamo colectivo. “Somos muchos los que estamos en regla y queremos lo mismo: justicia. No vamos a dejar de insistir hasta que haya una respuesta legal y justa”, concluyó Álvarez.