El fiscal general José Gerez dictaminó que la Ley 3447, que establece el presentismo docente en Neuquén, es constitucional, según un informe presentado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Este pronunciamiento responde a la demanda de inconstitucionalidad planteada por el sindicato ATEN, que buscaba anular la norma aprobada en 2024. La resolución, no vinculante, marca un hito en el conflicto educativo provincial y allana el camino para que el TSJ decida sobre la legalidad del adicional salarial por asistencia.
Gerez argumentó que la ley no vulnera derechos constitucionales, como el derecho a la huelga o al trabajo, en su dictamen de cinco páginas emitido antes del feriado de Semana Santa. Según el fiscal, el plus del 15% por presentismo, que premia a docentes con menos de tres inasistencias trimestrales, no implica un aumento del esfuerzo laboral ni altera las condiciones de trabajo, desestimando los planteos de ATEN sobre posibles afectaciones a la salud o derechos laborales.
El sindicato ATEN sostiene que el presentismo atenta contra el derecho a huelga, argumentando que el adicional desincentiva la movilización docente y reduce el desarrollo profesional a la mera asistencia. En 2024, el gremio llevó adelante un paro de más de dos meses, que finalizó tras la admisión de su demanda por el TSJ. Sin embargo, la negativa de Gerez a la medida cautelar para suspender la ley permitió que el plus se aplicara, con un 80% de los docentes cobrándolo en septiembre.
La ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que el ausentismo docente bajó del 27% al 15,24% desde la implementación de la Ley 3447, según datos oficiales. Este descenso, combinado con un control más estricto de licencias, fue presentado como un logro del gobierno de Rolando Figueroa, que defendió el presentismo como una herramienta para garantizar más días de clase. Martínez señaló que el objetivo es mantener el ausentismo entre el 14% y el 16%.
El TSJ aún debe emitir un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la ley, tras admitir la demanda de ATEN en septiembre de 2024. La decisión del tribunal desactivó temporalmente el conflicto, pero la falta de avances en el expediente y la segunda liquidación del plus en enero de 2025 mantienen la tensión. El dictamen de Gerez, que reitera su postura de septiembre sobre la inadmisibilidad de la acción, presiona para que la norma se mantenga vigente.
Gerez había rechazado previamente la medida cautelar solicitada por ATEN, argumentando en diciembre de 2024 que no se demostraron violaciones constitucionales claras. En su resolución, afirmó que el adicional no afecta el salario base ni impone condiciones laborales perjudiciales, respaldando la postura del fiscal de Estado, Raúl Gaitán, quien también desestimó los planteos del sindicato por extemporaneidad y falta de fundamentación.
La Ley 3447, aprobada con 25 votos a favor y tres en contra, fue impulsada por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y acompañada por bloques como Juntos por el Cambio y el PRO. Claudio Domínguez, autor del proyecto, defendió el carácter voluntario del plus, que no implica descuentos salariales y se liquida trimestralmente. Sin embargo, ATEN y sectores de izquierda, como el diputado Andrés Blanco, la calificaron como un “ataque al derecho a huelga” y un intento de disciplinar a los docentes.
El debate sobre el presentismo refleja tensiones más amplias en la educación pública neuquina, donde el gobierno busca reducir los costos de suplencias, estimados en 100 millones de dólares anuales, mientras los gremios denuncian precariedad laboral y salarial. Con el TSJ como árbitro final, la resolución sobre la constitucionalidad de la ley definirá el rumbo de esta política que, según el gobierno, ya transformó la dinámica educativa provincial.
