La mesa de conciliación obligatoria entre los trabajadores de Población Judicializada y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Matías Nicolini, busca poner fin a un conflicto que paralizó al sector durante 27 días. La medida de fuerza se inició tras el ataque a un chofer del área en Cutral Co, quien fue baleado con ocho disparos mientras permanecía en su vehículo. Hasta que el conflicto no sea resuelto no se harán los seguimientos e informes de internos. La reunión de hoy será clave para saber cómo se resuelve esta situación.

El ataque, calificado como el más grave enfrentado por el sector, expuso las condiciones de vulnerabilidad en que trabajan psicólogos, asistentes sociales y otros profesionales encargados del seguimiento de personas con medidas alternativas a la prisión. Según Julio Salazar, referente del gremio, “no retomaremos la actividad normal hasta que se implemente un protocolo de seguridad efectivo, con rango de Resolución Ministerial”.

Durante las negociaciones, se elaboró un protocolo de seguridad aplicable a nivel provincial. Este incluye geolocalización en tiempo real, comunicación directa con comisarías y medidas preventivas como detectores de metales y consignas policiales en las delegaciones. Además, establece que las actividades de campo se realicen en duplas y con equipos de comunicación activados.

El documento busca garantizar tanto la seguridad de los empleados en sus sedes como en el terreno. La falta de recursos, como vehículos y personal suficiente, ha sido uno de los puntos críticos denunciados por los trabajadores, quienes aseguran que esta precariedad repercute directamente en su seguridad y en la calidad de los servicios prestados.

“Somos invisibles para muchos, pero nuestro trabajo es esencial para la sociedad. Evaluamos a personas en libertad condicional, elaboramos informes técnicos y promovemos la reinserción social, pero constantemente enfrentamos riesgos”, afirmó Salazar.

Desde el Ministerio de Seguridad, se informó que la implementación del protocolo está en proceso, con mesas técnicas activas para ultimar detalles. Sin embargo, los trabajadores exigen soluciones inmediatas, ya que las amenazas telefónicas, la filtración de informes y los encuentros con internos armados son riesgos habituales en su labor.

En las delegaciones de Cutral Co, Zapala, Aluminé y San Martín de los Andes, las medidas de fuerza se mantienen. Los empleados realizan retención de tareas y asambleas permanentes, mientras esperan una resolución que garantice su protección.

La conciliación obligatoria también apunta a resolver la falta de móviles y personal en las delegaciones, otro de los reclamos del sector. Según Salazar, “necesitamos vehículos adecuados y profesionales de recambio para cubrir las demandas crecientes en todo el territorio”.

Este conflicto pone en evidencia la falta de atención histórica a un sector clave para la justicia y la seguridad pública. Si bien el Ministerio ha mostrado voluntad de diálogo, la implementación efectiva del protocolo será el verdadero punto de inflexión para destrabar el conflicto.

La comunidad, especialmente en zonas como Cutral Co, sigue de cerca la resolución de este conflicto, que afecta no solo a los empleados, sino también a las familias y a los internos que dependen del seguimiento profesional.

Se espera que en los próximos días las partes lleguen a un acuerdo, pero los trabajadores advierten que sin acciones concretas, las medidas de fuerza podrían intensificarse. La seguridad de los empleados y la eficiencia del sistema judicial están en juego.