El próximo lunes 21 de julio comenzará en Neuquén un juicio histórico por la presunta asociación ilícita y estafas millonarias con planes sociales, una causa que demandó dos años de investigación y que tiene 14 personas imputadas.

La investigación, llevada adelante por el fiscal jefe Pablo Viñaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez, reveló un esquema piramidal con cinco niveles de responsabilidad que habría defraudado al Estado por más de 153 millones de pesos históricos, cifra que actualizada superaría los 900 millones de pesos.

Entre los principales acusados se encuentran Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Néstor Pablo Sans (exdirector de Fiscalización) y Marcos Osuna (exjefe de Programas), quienes permanecen bajo prisión domiciliaria. También están imputados el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el coordinador provincial de administración Tomás Siegenthaler.

Según la fiscalía, la organización estaba dividida en cinco niveles: los jefes que idearon y ejecutaron la maniobra; los colaboradores directos; los recaudadores, encargados de reunir el dinero; los extractores, quienes retiraban el efectivo de los cajeros del Banco Provincia del Neuquén; y los beneficiarios finales, que recibieron parte del botín.

“Se trató de un esquema que aprovechó la estructura estatal para desviar fondos de un programa destinado a personas desocupadas”, explicó el fiscal Narváez, quien destacó la magnitud del juicio: “Habrá audiencias todos los días hábiles hasta el 12 de septiembre y declararán 211 testigos”.

La fiscalía solicitó embargos y bloqueos de cuentas para intentar recuperar el dinero desviado. De ser hallados culpables, los principales acusados podrían recibir penas de prisión efectiva, ya que el delito de asociación ilícita tiene una pena mínima de tres años de cárcel.