Este lunes 21 de julio, arranca en la Ciudad Judicial de Neuquén el juicio oral contra 14 imputados por la presunta estafa de más de 9.300 planes sociales, hecho que se investiga desde 2020 y podría estirarse hasta mediados de septiembre. El proceso judicial se enmarca en una causa que acusa a exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social, empleados públicos y particulares por conformar una asociación ilícita con un perjuicio estimado en más de 1.000 millones de pesos, según fuentes oficiales.

En la audiencia ordenatoria previa realizada días atrás, intervinieron representantes de la Fiscalía, la Fiscalía de Estado y defensores de los imputados, acordando un calendario de alrededor de cuarenta jornadas de debate en la sala 12 del edificio judicial. Se definió que las audiencias serán diarias durante días hábiles, y que la fase de pruebas concluiría aproximadamente el 12 de septiembre, con la eventual sentencia estimada antes del comienzo de la campaña electoral.

La acusación señala que la maniobra se extendió entre septiembre de 2020 y julio de 2022, tiempo durante el cual se ejecutaron 9.303 fraudes mediante el uso indebido de tarjetas de débito al final de planes sociales. El desvío fue detectado en su mayoría a través del Banco Provincia de Neuquén, tras una denuncia individual que evidenció retiros indebidos en cuentas de beneficiarios.

Con un volumen estimado por la fiscalía entre 153 millones a valores históricos y superior a 1.000 millones luego de actualizaciones, la causa representa uno de los derroches más gravosos en la historia reciente de la provincia. Mientras tanto, la Fiscalía de Estado ya solicitó el embargo preventivo de bienes vinculados a los acusados para garantizar una eventual reparación del daño al erario público.

El tribunal estará compuesto por los jueces Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla, en tanto que la acusación estará a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal Juan Manuel Narváez, con representación de la Fiscalía de Estado por Gustavo Kohon. Las defensas están integradas por abogados particulares y defensores públicos, y en un caso un imputado se representará a sí mismo.

Durante las audiencias están citados más de 200 testigos, incluidos directivos del Banco Provincia de Neuquén, beneficiarios afectados, arrepentidos de la causa y personal del ministerio involucrado en el cobro irregular. Entre los declarantes anticipados figuran cuatro acusados que se presentarán como testigos protegidos, al haber colaborado con la investigación a cambio de beneficios judiciales.

Los principales imputados son exfuncionarios como Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler, a quienes se atribuye jerarquía dentro de la presunta asociación ilícita. En los niveles inferiores se investigan roles administrativos, de extracción de fondos, de reclutamiento de beneficiarios fantasmas y de recaudación de dinero.

Este juicio se posiciona en el centro del debate político en Neuquén, especialmente en un año electoral donde la resolución podría incidir en la percepción pública sobre el manejo de los fondos sociales. El gobernador Rolando Figueroa ha expresado públicamente su deseo de que los responsables sean condenados y ha cuestionado la ausencia en el banquillo de personal del banco pese a su rol en la detención del fraude.

La expectativa se centra ahora en el contenido de los alegatos de apertura por parte de la fiscalía, que intentará mostrar –mediante pericias, documentos administrativos y el testimonio clave de arrepentidos– la operatividad de una estructura criminal afianzada en el Ministerio de Desarrollo Social. En los próximos meses, las audiencias delinearán si los acusados serán responsables por asociación ilícita, fraude y defraudación especial, y si recibirán penas que podrían alcanzar los seis a ocho años de prisión, según el tipo y el grado de participación.