Este lunes 21 de julio comenzó en la Ciudad Judicial de Neuquén el juicio por una de las causas más resonantes de los últimos años: la megainvestigación por estafas con planes sociales, que involucra más de 9.300 fraudes cometidos entre 2020 y 2022 y un desfalco al Estado superior a los $1.000 millones. En el banquillo de los acusados hay 14 personas, entre exfuncionarios, empleados públicos y particulares. La causa no sólo impacta en la Justicia, sino que atraviesa el clima político neuquino a pocos meses de las elecciones nacionales.

Un entramado piramidal: cinco niveles para delinquir

Según la acusación fiscal, la organización operaba desde el corazón del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno anterior, con una estructura piramidal de cinco niveles. En la cúpula estaban Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales), Abel Di Luca (exministro), Néstor Sanz (Fiscalización), Marcos Osuna (Gestión de Programas) y Tomás Siegenthaler (Administración). Todos están imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por uso indebido de tarjetas de débito.

El fraude se ejecutaba mediante la creación de beneficiarios falsos de subsidios por desocupación, a quienes se les entregaban tarjetas del Banco Provincia del Neuquén. Estas tarjetas eran manipuladas por los denominados «extractores», que retiraban los fondos y los entregaban en una «caja azul» ubicada en la oficina de Soiza. Solo una parte del dinero llegaba a manos de los supuestos beneficiarios.

Juicio maratónico y clima electoral

El juicio se desarrollará hasta el 12 de septiembre, con audiencias diarias en la sala 12 de la Ciudad Judicial. Están previstos 211 testigos, cifra récord en un proceso provincial. El tribunal está conformado por los jueces Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla. La fiscalía está a cargo de Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, mientras que la Fiscalía de Estado actúa como querellante.

La defensa incluye más de una docena de abogados. El abogado Alfredo Cury, también imputado, se defenderá a sí mismo y a Soiza. Algunas defensas públicas también participarán en representación de imputados de menor rango.

El proceso judicial, que comenzó con el legajo 234319, llega en un momento clave para la política provincial y nacional, con la campaña electoral de octubre en pleno desarrollo. La sentencia podría conocerse antes del 26 de octubre, lo que añade tensión al escenario político.

Arrepentidos, condenas previas y zonas grises

Hasta ahora, nueve personas ya fueron condenadas con pena en suspenso por aceptar su responsabilidad, y cuatro exfuncionarios se convirtieron en testigos protegidos, entre ellos Cristian Vergara, Paola Zeballos, Analía Schrer y Lucía Soto. También Néstor Sanz, uno de los cabecillas, se presentó como arrepentido y declaró detalles clave del circuito delictivo.

Una de las revelaciones más graves fue que parte del dinero desviado habría financiado campañas políticas, vehículos partidarios e incluso el restaurante “El Faraón”, vinculado a Soiza. A pesar de ello, no hay acusados de alto perfil político en el juicio, ni del Banco Provincia del Neuquén, entidad clave en el manejo de las tarjetas.

¿Y los controles?

La estafa evidenció graves fallas en los sistemas de control estatal. Según la acusación, hubo firmas falsas, rendiciones vencidas, listados paralelos y complicidad interna para simular legalidad. Se apunta también a responsabilidades políticas superiores, como la del entonces gobernador Omar Gutiérrez, que no fue imputado ni mencionado en la acusación formal, aunque algunos peritajes contables oficiales vincularon el desvío de fondos con el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Lo que viene

La fiscalía solicitó medidas cautelares como embargos, inhibiciones y retención de cuentas. En caso de condena, se buscará que los responsables devuelvan parte de los fondos robados.

Las penas previstas para los principales responsables van de seis a ocho años de prisión efectiva. Pero más allá de lo penal, el juicio se ha convertido en un espejo de las debilidades estructurales de la gestión pública, de la utilización política de los programas sociales y de la impunidad que, hasta ahora, parecía blindar a ciertos sectores de poder.