Este miércoles 11 de junio, el personal de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén llevó adelante un nuevo allanamiento en el predio de la empresa Comarsa, en el Parque Industrial de la ciudad capital. La medida fue autorizada por la jueza de garantías Natalia Peloso y encabezada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.
El procedimiento se enmarca en una investigación por los delitos de contaminación ambiental y administración fraudulenta, y tuvo como objetivo la toma de nuevas muestras de suelo y el secuestro de documentación clave —tanto en soporte físico como digital— sobre movimientos de suelos, traslados y disposición de residuos industriales y petroleros. También se busca constatar los avances en el plan de remediación aprobado a fines de 2024 por la Secretaría de Ambiente de la provincia.
Durante el operativo, se autorizó el uso de maquinaria pesada para realizar calicatas que permitan verificar la existencia de membranas bajo los residuos, así como acceder a zonas del predio que hasta ahora permanecían inaccesibles por la gran cantidad de material contaminado acumulado.
La fiscalía advirtió que, durante los años 2023 y 2024, se habían realizado allanamientos similares, pero el volumen de residuos impidió un análisis exhaustivo del terreno. A raíz del plan de traslado aprobado recientemente, fue posible retomar las inspecciones.
Uno de los datos más relevantes que surgieron es que las tierras donde opera Comarsa no serían de propiedad privada, sino terrenos municipales ocupados de manera ilegal por la empresa, lo que podría derivar en nuevas imputaciones y medidas cautelares.
Hasta el momento, la causa tiene tres imputados formales, J.M.L., presidente de Comarsa desde abril de 2014 y accionista mayoritario, imputado como autor del delito de administración fraudulenta y por contaminación peligrosa en perjuicio de la salud pública. Además, H.E.B., exdirector suplente con funciones ejecutivas hasta enero de 2021, imputado como partícipe necesario y F.A.P., exgerente general y responsable técnico entre 2013 y 2016, también imputado como partícipe necesario.
La fiscalía investiga si la disposición de residuos sin el cumplimiento de normativas ambientales y la ocupación de tierras públicas constituyen una amenaza concreta a la salud pública y una administración fraudulenta de la empresa.
Desde el MPF no se descarta la posibilidad de nuevas imputaciones en función del resultado de las pruebas recabadas durante este último allanamiento.
