El Estado venezolano denunció este jueves ante Unicef el caso de Maikelys Antonella Espinoza, niña venezolana de dos años de edad retenida en Estados Unidos y alejada de su madre, Yorely Bernal, una migrante deportada a Venezuela por el Gobierno de Donald Trump.

Caracas considera que estas personas son víctimas de un secuestro y una separación forzosa.

A través de la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, Estados Unidos justifica la separación de familias migrantes.

Anahí Arizmendi, presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna), sostuvo un encuentro este jueves con delegados de Unicef en Caracas, donde exigió que se garantice el regreso inmediato de la menor a territorio venezolano.

A la reunión asistieron también la madre y la abuela de la niña, así como un funcionario del Ministerio Público, en respaldo a la solicitud formal de restitución familiar.

«El caso de Maikelys representa una grave violación a los derechos de la infancia», sostuvo Arizmendi ante medios locales tras el encuentro, y pidió a la comunidad internacional asumir una postura clara frente a estos hechos.

Caracas solicita a las instancias multilaterales tomar acciones urgentes para restituir el vínculo entre la niña y su familia.