La Cooperativa CALF implementó un plan estricto de detección y corte de conexiones ilegales en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, con el objetivo de resguardar la seguridad, mejorar la calidad del servicio eléctrico y proteger los recursos de todos sus asociados. La medida responde a un incremento en los casos de hurto de energía que afecta gravemente a la red de distribución.

Las conexiones clandestinas representan un riesgo crítico para quienes las realizan y también para toda la comunidad, ya que suelen carecer de los elementos de seguridad requeridos. Esta práctica no solo pone en peligro vidas humanas, sino que además genera caídas de tensión, cortes inesperados y sobrecargas en la red eléctrica de los barrios.

Desde CALF advirtieron que el consumo de energía no registrado representa un perjuicio económico que termina siendo soportado por todos los asociados, en un esquema que desnaturaliza los principios cooperativos de equidad, responsabilidad y sostenibilidad. En otras palabras, el robo de energía impacta en la factura que paga el conjunto de los usuarios regulares.

El plan contempla una serie de acciones concretas: relevamientos técnicos en zonas críticas, control de medidores y acometidas, y suspensión inmediata del servicio en caso de detectar fraude, además de habilitar un canal de atención para que las personas puedan regularizar su situación de manera voluntaria antes de ser sancionadas.

«Esta política no busca castigar, sino garantizar un uso justo y seguro del servicio eléctrico», señalaron desde la Cooperativa, subrayando que hay mecanismos formales disponibles para solicitar conexiones legales, con criterios adaptados a distintas realidades socioeconómicas.

La campaña de fiscalización ya se encuentra activa y se está desplegando en barrios donde se identificaron mayores niveles de irregularidades, aunque desde la entidad no se precisaron públicamente cuáles son esas zonas. Sin embargo, se remarcó que el procedimiento se realiza con personal técnico especializado y bajo protocolos estrictos.

CALF apeló a la responsabilidad colectiva y recordó que el servicio eléctrico es un recurso compartido que debe cuidarse entre todos, destacando que el fraude perjudica directamente a quienes más lo necesitan, ya que deteriora el acceso a una energía segura y continua en los sectores populares.

La medida fue bien recibida por algunos vecinos que ven afectado su servicio por estas prácticas ilegales, aunque en ciertos sectores se teme que la aplicación del plan derive en conflictos o situaciones de tensión social, especialmente en barrios donde la informalidad está arraigada por falta de soluciones habitacionales o económicas de fondo.