
En el marco del debate legislativo que avanza en el Congreso de la Nación, el diputado nacional Osvaldo Llancafilo (MPN) expresó su apoyo al proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, una iniciativa que ya cuenta con dictamen favorable y genera posiciones encontradas en el ámbito político y social.
“Se trata de una herramienta que la justicia hoy no tiene. No resuelve por sí sola el problema de la inseguridad, pero permite juzgar a un menor que comprende sus actos, como ocurre en la mayoría de los países del mundo”, señaló Llancafilo, en diálogo con Radio 7.
El legislador del Movimiento Popular Neuquino remarcó que la medida contempla evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para determinar la capacidad de comprender los actos cometidos.
Durante la entrevista, sostuvo que “el actual sistema penal no da respuesta a las víctimas ni a sus familias, porque declara inimputables a adolescentes de 14 o 15 años que cometen homicidios o femicidios”.
El diputado también advirtió que el sistema carcelario argentino está en crisis, por lo que se necesita “una reforma urgente del sistema correccional juvenil”. En ese sentido, subrayó la necesidad de complementar esta ley con políticas sociales, educativas y familiares. “La desintegración familiar, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado en muchos barrios son parte del problema que hay que abordar de fondo”, dijo.
Llancafilo comparó la situación argentina con otros países: “En Inglaterra y Gales la imputabilidad comienza a los 10 años, en Brasil a los 12 y en Chile a los 13. En Argentina, no existe posibilidad de juzgar a un adolescente de 14 años, por más grave que sea el delito”.
Por último, enfatizó que la baja de edad de imputabilidad es una señal política que debe ir acompañada de inversiones estructurales. “No es una solución mágica, pero es un paso necesario para construir un sistema más justo”, concluyó.
El proyecto, será debatido en el recinto en las próximas semanas y establece que los adolescentes de 14 y 15 años serán imputables en casos de delitos graves, como homicidios, violaciones o robos con armas.