La Legislatura neuquina debate un proyecto que prohíbe el uso de teléfonos celulares en jardines y escuelas primarias y restringe su uso en el nivel secundario, con el objetivo de proteger la salud mental y mejorar la calidad educativa.
La iniciativa toma como base las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría, que señala que el uso del celular es nocivo hasta los 14 años y que las redes sociales no deberían ser utilizadas antes de los 16. En este sentido, el proyecto establece una prohibición total en jardín y primaria, salvo en casos puntuales debidamente justificados, como cuestiones de salud o emergencia.
En el nivel secundario, se plantea una restricción más flexible, permitiendo el uso del celular solo cuando el docente lo autorice expresamente con fines pedagógicos. Una vez finalizada la actividad, el dispositivo debe guardarse nuevamente.
«Queremos reducir el efecto nocivo que el celular tiene en el aula: afecta la concentración, la atención y, especialmente, la salud mental de niños y adolescentes», señalaron los impulsores del proyecto.
La propuesta surge también como respuesta a reclamos de docentes que expresan dificultades para dar clases en contextos donde el uso del celular interrumpe el desarrollo normal de las actividades. De acuerdo a testimonios, los docentes llegan a perder más de 20 minutos de clase en ordenar el aula y pedir que se guarden los celulares, y se estima que el alumno tarda otro tanto en reengancharse con la actividad.
El proyecto también actúa como un llamado de atención a las familias: según Grooming Argentina, el país lidera en América Latina el otorgamiento de celulares a menores de edad, con una edad promedio de inicio de uso a los 9 años.
“La normativa invita a toda la sociedad a repensar el uso del celular en la infancia. No podemos naturalizar que un niño de 9 años tenga un dispositivo que puede afectar su desarrollo emocional y cognitivo”, explicaron los legisladores.
El espíritu del proyecto es buscar un equilibrio entre las posturas más extremas y las más permisivas, para que la ley tenga impacto real, respaldo docente y adhesión social.
