El diputado provincial Claudio Domínguez (MPN) defendió con firmeza el proyecto de ley que impulsa la implementación obligatoria, aleatoria y sorpresiva de controles de consumo de drogas para todos los funcionarios públicos de la provincia.

El proyecto, que comenzó a tomar forma en octubre del año pasado, establece que todos los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como también policías y personal penitenciario, deberán someterse a exámenes toxicológicos. Esto incluye gobernador, vice, ministros, subsecretarios, diputados, intendentes, concejales, jueces, fiscales y defensores.

“El test debe ser obligatorio, sorpresivo y aleatorio. Si da positivo, el funcionario debe dejar su cargo. Tiene una carga pública. Nadie te obliga a ser funcionario, pero si lo sos, tenés una responsabilidad distinta al ciudadano común”, afirmó Domínguez.

Además, el legislador aseguró que el sistema contará con un organismo autónomo e independiente, con representantes de los tres poderes, encargado de definir el protocolo, los sorteos y los controles. También se prevé que los candidatos a cargos públicos se realicen el test antes de oficializar sus listas.

Consultado por el tipo de controles, Domínguez aclaró que no se tratarán de tests rápidos como los utilizados por algunos municipios, sino de análisis de sangre, orina y rinoscopía, que permitan detectar consumo con mayor antigüedad. “No sirve soplar una pipeta si tomaste algo hace dos días. Necesitamos pruebas más profundas”, explicó.

El diputado fue contundente al sostener que quien consuma drogas no puede seguir en funciones. “Así como a un deportista se lo suspende un año, un funcionario que consume debe irse. No puede haber convivencia entre política y narcotráfico”, subrayó.

“Hay consenso político para avanzar y aprobar el proyecto. Entre julio y agosto estará sancionado”, afirmó el diputado.

Domínguez también anticipó que la próxima semana se aprobará una reforma al Código Procesal Penal que habilita denuncias anónimas en casos de venta de drogas, permitiendo así investigaciones de oficio por parte de la justicia y la policía.