La causa por una millonaria estafa con planes sociales en Neuquén llegará finalmente a juicio con los 15 imputados de mayor responsabilidad. Así lo confirmó el equipo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, que encabeza el fiscal jefe Pablo Vignaroli, junto al fiscal del caso Juan Narvaez. El juicio comenzará el 21 de julio y se extendería hasta mediados de septiembre, según estimaciones de la Oficina Judicial.

El proceso investigó una asociación ilícita piramidal que operó entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, integrada por funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo, de Hacienda y por colaboradores externos. Según la fiscalía, el grupo se apropió indebidamente de más de 153 millones de pesos, cometiendo 9303 hechos de estafa mediante el uso irregular de asignaciones destinadas a personas en situación de desempleo.

En la cima de la estructura estaban los presuntos jefes:

• Ricardo Soiza, exdirector general de Gestión de Planes Sociales

• Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización

• Marcos Ariel Osuna, exresponsable de Gestión de Programas

• Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social

• Tomás Siengentharler, excoordinador de Administración

El resto de los imputados se distribuyen en niveles jerárquicos que incluyen colaboradores directos, reclutadores, recaudadores y beneficiarios.

El juicio contará con 95 testigos, y las audiencias se organizarán con tiempos asignados de entre 30 y 60 minutos por testimonio. Actualmente, las partes coordinan aspectos logísticos del juicio en reuniones preparatorias.

Antes del inicio del juicio, nueve personas con roles secundarios aceptaron su responsabilidad y fueron condenadas a penas condicionales con cumplimiento de reglas de conducta y reparación económica a entidades sociales. Entre los condenados están Rodolfo López y Adrián Meza Lizama, quienes recibieron sentencia el 12 de abril tras acuerdos homologados por el juez Juan Pablo Balderrama.

La fiscalía anticipó que buscará penas de prisión efectiva superiores a los tres años para los 15 acusados que llegarán a juicio. Además, la Fiscalía de Estado seguirá con reclamos en el fuero administrativo, independientemente del resultado penal.