El juicio por la explosión en la escuela de Aguada San Roque, que causó la muerte de Mónica Jara, Nicolás Francés y Mariano Spinedi, entra en su etapa final con el debate sobre la pena que recibirán los acusados. Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, expresó la necesidad de una condena ejemplar y de cumplimiento efectivo para los funcionarios y empresarios responsables.

En diálogo con Radio 7, Guagliardo detalló que se está llevando a cabo el juicio de cesura, donde se fijarán las penas correspondientes. En la causa fueron hallados culpables tres funcionarios provinciales de Obras Públicas y dos representantes de la empresa constructora, quienes tenían a su cargo la ampliación de la escuela.

Desde ATEN insistieron en que la escala de la pena varía entre 2 y 11 años, debido a la acumulación de delitos como estrago culposo seguido de muerte, defraudación al Estado y falsificación de documento público. El sindicato solicitará la pena máxima posible, argumentando la gravedad de las negligencias comprobadas en el proceso.

Guagliardo recordó que la explosión ocurrió porque no se cumplieron los protocolos de seguridad, no se realizaron los controles adecuados y se ignoraron procedimientos fundamentales. Subrayó que los responsables eran ingenieros, arquitectos y maestros mayores de obra con suficiente experiencia como para evitar una tragedia de esta magnitud.

Además, enfatizó en las consecuencias a largo plazo que este hecho tuvo en la comunidad educativa de Aguada San Roque, donde la matrícula escolar se redujo un 50% y el albergue nunca volvió a funcionar.

“Esperamos una condena ejemplar. En un momento donde se habla de tolerancia cero y ficha limpia, no puede haber tolerancia para un hecho de esta gravedad”, concluyó Guagliardo.