La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció este mes una actualización en los montos desde los cuales los bancos y billeteras virtuales deben reportar movimientos de sus clientes. La medida busca ajustar los controles tributarios a la inflación acumulada y mejorar la trazabilidad de las operaciones financieras.

A partir de enero de 2025, las entidades financieras estarán obligadas a reportar operaciones por montos superiores a $600.000 en consumos con tarjetas de débito, $1.000.000 en acreditaciones bancarias mensuales, y $2.000.000 en transferencias bancarias o virtuales. Este ajuste semestral no genera costos adicionales ni modifica las obligaciones fiscales de los consumidores finales.

La normativa exige que las instituciones informen sobre operaciones que superen estos umbrales, permitiendo a ARCA solicitar documentación que respalde el origen de los fondos. Esta medida no representa una prohibición, pero establece alertas clave para evitar actividades no declaradas.

Aunque los movimientos por debajo de esos montos no están sujetos al mismo nivel de supervisión, también deben ser declarados. Sin embargo, es menos probable que entren en el radar inmediato de los controles tributarios.

La Resolución General 5512/2024, que sustenta esta actualización, forma parte de una estrategia de modernización fiscal de ARCA. El organismo busca adaptarse al crecimiento de las transacciones digitales, garantizando mayor transparencia y evitando la evasión fiscal.

En el caso de las billeteras virtuales, las plataformas deberán reportar ingresos, egresos y transferencias significativas, reflejando el crecimiento exponencial de estas operaciones en los últimos años. Esta inclusión responde al auge de las fintech y su impacto en el sector financiero.

La actualización también asegura que los montos ajustados no pierdan relevancia real por efecto de la inflación. Este enfoque pretende equilibrar el control fiscal sin generar una carga administrativa excesiva para las instituciones.

En un contexto de digitalización acelerada, estas medidas fortalecen el control sobre el flujo de dinero en plataformas digitales, mejorando la capacidad del fisco para rastrear transacciones y prevenir irregularidades. El sector bancario y las fintech deberán garantizar la eficacia de sus sistemas para cumplir con estas nuevas exigencias.