El Ministerio Público Fiscal de Neuquén realizó este lunes diez allanamientos simultáneos, incluyendo la vivienda de Jorge Salas, en el marco de una investigación por presunta estafa vinculada a la Cooperativa de Vivienda y Consumo 127 Hectáreas La Sirena. La causa involucra 32 hechos y un perjuicio estimado en más de 10 millones de pesos, afectando a más de 1.400 familias que no recibieron los terrenos prometidos.

La cooperativa, liderada por Salas, ofrecía terrenos y viviendas en sectores como La Meseta y Sirena Unificada, pero los denunciantes afirman que nunca se concretaron las entregas, a pesar de haber abonado cuotas sociales durante años. Algunos terrenos ofrecidos carecían de servicios básicos y estaban ubicados en zonas no habilitadas para urbanización, lo que imposibilitaba su habitabilidad.

La Justicia ordenó embargos preventivos sobre cuentas bancarias y bienes de la cooperativa, incluyendo un inmueble, para garantizar posibles resarcimientos a los damnificados. Se estima que los fondos embargados ascienden a 600 millones de pesos, mientras que las investigaciones continúan para determinar el destino de los aportes realizados por los socios.

Jorge Salas presentó su renuncia como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia tras las denuncias, aunque negó las acusaciones y las atribuyó a una campaña política en su contra. Sin embargo, el abogado de los damnificados, Mariano Mansilla, aseguró que existen pruebas contundentes de la estafa y que solicitarán la detención de Salas por riesgo de entorpecimiento de la causa.

Entre los nuevos denunciantes se encuentran 400 policías que habrían sido afectados por convenios entre la cooperativa y una mutual, sumándose a los más de 500 damnificados que ya iniciaron acciones legales. La cifra de posibles víctimas continúa en aumento, y se espera que más personas se sumen a la denuncia en los próximos días.

Los afectados relatan que fueron presionados para pagar cuotas bajo amenaza de perder todo, y que nunca recibieron respuestas claras sobre el destino de sus aportes. Algunos incluso afirman que la cooperativa sigue cobrando cuotas y prometiendo nuevos loteos, a pesar de las medidas judiciales en curso.

La investigación se perfila como una de las mayores estafas inmobiliarias en la historia de la provincia, y las autoridades buscan determinar la responsabilidad de los directivos de la cooperativa en la presunta defraudación. Mientras tanto, los damnificados continúan organizándose para reclamar justicia y recuperar sus ahorros.