Cinco acusados declarados culpables por la explosión en la escuela albergue de Aguada San Roque en 2021, que resultó en la muerte de la docente Mónica Jara y de los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi. La sentencia, emitida por el Tribunal de Cutral Co este martes, recae sobre los exfuncionarios de Obras Públicas Carlos Córdoba, Raúl Capdevila, Sergio Percat, y los empresarios Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni, quienes fueron encontrados culpables de estrago culposo seguido de muerte.
El fiscal Gastón Liotard, en diálogo con Radio 7, expresó su satisfacción con el veredicto, destacando que “fue un juicio complejo, pero necesario para hacer justicia por las víctimas.” Liotard resaltó la importancia de haber conseguido la condena de los imputados, considerando las dificultades inherentes a demostrar la responsabilidad individual en un caso tan delicado y con múltiples acusados.
Durante el juicio, que duró 12 días, se presentaron dos estrategias de defensa que intentaron desviar la responsabilidad hacia la directora del colegio y hacia las propias víctimas, sugiriendo que habrían actuado de manera negligente. Sin embargo, el tribunal desestimó estas teorías, respaldando la postura de la fiscalía de que los verdaderos responsables fueron aquellos que, por sus omisiones, permitieron que ocurriera la tragedia.
El veredicto, según Liotard, es un hito en la justicia neuquina. “Es raro llegar a juicio y lograr condenas en casos de estragos culposos,” subrayó el fiscal, quien espera que este fallo marque un antes y un después en la responsabilidad de los funcionarios y en la ejecución de obras públicas.
Liotard también comentó sobre la absolución de Roberto Deza, otro de los acusados, mencionando que la fiscalía está considerando apelar esta decisión. “Evaluaremos los argumentos una vez tengamos la sentencia completa,” afirmó, dejando abierta la posibilidad de una impugnación.
El fiscal destacó que, desde la explosión en 2021, se han tomado medidas más estrictas en la custodia de bienes estatales, y confía en que este veredicto refuerce aún más esas precauciones. “La protección de los bienes del Estado, incluyendo la vida humana, debe estar en manos de personas calificadas y comprometidas,” señaló Liotard.
La comunidad ahora espera que las penas que se dicten sean proporcionales al daño causado y que este caso sirva como una advertencia para evitar futuras tragedias. La sentencia completa, que se conocerá en los próximos días, será clave para cerrar este doloroso capítulo.
