
La Asociación Bancaria de Neuquén denunció maniobras de presión y despidos encubiertos por parte del Banco Santander, en el marco de un plan de ajuste que afecta a 1.500 trabajadores a nivel nacional. Alfredo Soto, secretario gremial local, aseguró que la entidad es utilizada como «punta de lanza» por el sistema financiero privado para avanzar sobre derechos laborales.
El gremio advirtió que profundizará las medidas de fuerza si no hay una respuesta que garantice estabilidad laboral, tras una serie de asambleas que limitaron la atención al público. Las últimas acciones incluyeron la paralización parcial de actividades durante tres horas en sucursales locales, con la participación de empleados que aseguran ser presionados por directivos regionales para no sumarse a las protestas.
Aunque en Neuquén no se han registrado despidos directos recientemente, desde el sindicato alertan sobre métodos de desgaste laboral. Según Soto, en algunos casos, se obliga a los trabajadores a extender su jornada sin compensación, con el objetivo de forzar su renuncia. La modalidad se diferencia de otros acuerdos «mutuos» alcanzados con distintas entidades desde 2020, donde sí hubo negociaciones más consensuadas.
El caso más extremo se vivió en Bahía Blanca, donde una trabajadora fue sorprendida con una desvinculación sorpresiva en plena reunión laboral, en un hotel convocado por el propio banco. Ese hecho encendió las alarmas del gremio a nivel nacional, que ahora reclama por la reincorporación de los despedidos y el cese de los retiros forzados disfrazados de voluntarios.
La Asociación Bancaria sostiene que las nuevas tecnologías no justifican la reducción indiscriminada de personal. Aunque reconocen que la pandemia aceleró la digitalización del sector, remarcan que la atención presencial sigue siendo vital para miles de personas, especialmente adultos mayores que no manejan con soltura las herramientas digitales ni confían en la atención telefónica.
En Neuquén, muchas sucursales han sido cerradas en la última década, centralizando la atención y colapsando las oficinas existentes, como sucede con el Banco Santander, que mantiene una sola sede activa. Esta situación genera largas esperas para los clientes y sobrecarga laboral para el personal, agravando el conflicto y reforzando el reclamo gremial por mayor dotación.
El gremio advierte que la banca privada busca avanzar sobre derechos laborales a partir del debilitamiento sindical y la informalidad interna, lo que consideran parte de una estrategia deliberada para maximizar beneficios. Soto subrayó que, aunque respetan el uso de nuevas herramientas, no permitirán que sirvan de excusa para recortes ilegítimos y pérdida de fuentes de trabajo.
El sindicato promete escalar el conflicto si no hay respuestas concretas, e insiste en que los bancos deben asumir su responsabilidad social, garantizando condiciones dignas de empleo y servicios adecuados para la ciudadanía. “Vamos a endurecer las medidas cada semana si no hay un cambio de actitud”, concluyó Soto, mientras continúa el estado de alerta en la provincia y en todo el país.