La Cámara Federal de Casación Penal ratificó una nueva condena contra el ex juez federal de Santa Fe Víctor Hermes Brusa por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, al rechazar por unanimidad los recursos de su defensa y confirmar la pena de ocho años de prisión por apremios ilegales contra tres víctimas.
La Sala II del máximo tribunal penal del país, compuesta por los jueces Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, también confirmó la condena a seis años y seis meses de prisión para María Eva Aebi, ex agente de la Brigada Femenina de la URI santafesina, por su participación en la privación ilegal de la libertad agravada de dos mujeres, una de ellas embarazada y la otra menor de edad.
El juez Slokar remarcó que los hechos constituyen un caso de genocidio y subrayó el rol activo del Poder Judicial durante el régimen dictatorial. En su voto, advirtió que una parte significativa del sistema judicial “fue activa, no solo complaciente o apolítica”, y que brindó legitimidad al aparato represivo a través de diversas conductas, como el rechazo sistemático de habeas corpus, la validación de normas represivas de facto, y la participación en causas armadas, desapariciones y apropiación ilegal de menores.
Sobre el accionar de Brusa, se dio por probado que el entonces funcionario del Juzgado Federal de Santa Fe se presentaba en centros clandestinos de detención y, bajo el pretexto de actuar como secretario judicial, sometía a las víctimas a interrogatorios bajo tortura para forzarlos a firmar confesiones previamente redactadas.
Entre las víctimas de esta causa se encuentran Francisco Klaric, Luis Eduardo Baffico y Carlos Chiarulli. En tanto, Aebi fue hallada responsable de custodiar y participar en las detenciones ilegales de María de los Milagros Almirón y Marta Susana Berra, quienes al momento del secuestro tenían 14 años y estaban embarazadas, respectivamente.
Slokar advirtió que estos delitos evidencian “la naturaleza profundamente inhumana del régimen dictatorial” y llamó a resguardar y digitalizar todo el material probatorio de la causa, conforme a las acordadas vigentes, con el fin de garantizar su acceso público y su preservación para la memoria histórica.
El fallo además recogió recientes advertencias de expertos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el peligro de adoptar posturas negacionistas en torno a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, y exhortó al Estado argentino a cumplir con su obligación internacional de garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
