
En este caso, la magistrada busca destrabar la disputa por la entrega de información relacionada con el argumento de los demandantes, de que el Estado argentino e YPF “son lo mismo”, lo que se conoce como “alter ego”.
Los fondos que lograron un dictamen favorable en el juicio por la expropiación de YPF sostienen entonces que la República Argentina debe afrontar el pago de los USD 16.100 millones dispuestos en el polémico fallo de Preska.