El Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) aseguró que, desde enero de este año, fallecieron 63 personas en situación de calle, de las cuales 13 se encontraban en la Ciudad de Buenos Aires; estos datos fueron extraidos de un informe realizado por la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle y por el grupo de estudio Sociabilidad en los Márgenes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
En diálogo con Noticias Argentinas, Luna Miguens, directora del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS sostuvo que este resultado “dimensiona el problema de vivienda” que hay, no sólo en la Ciudad, sino en todo el país.
“En los últimos dos años, hemos visto una política de abordaje de este problema con un tinte punitivo, estigmatizante y discriminativo, incluso, hubo publicaciones en Instagram del propio jefe de Gobierno (Jorge Macri) mostrando cómo sacan a la gente que viven en la calle, en un marco de ‘orden y limpieza’, como si esas personas fueran cosas”, sostuvo Miguens.
También hay números oficiales anunciados por el Ministerio Público de la Defensa (CABA), que afirman que, entre el año pasado y éste año, las denuncias de violencia institucional ejercidas contra las personas en situación de calle crecieron un 128% y eso también fue algo que el CELS notó en el relevamiento, durante las entrevistas con cada una de las 11.892 personas que fueron censadas en la Ciudad.
Según Miguens, en las entrevistas que realizaron, aparecen testimonios donde “de manera muy reiterada hablan sobre “el maltrato que reciben por parte de las autoridades públicas y que, además, cada vez tienen menos lugares para quedarse, porque “los echan, les roban sus pertenencias, son perseguidos y hostigados”.
Por otra parte, y a pesar de que hubo un aumento presupuestario “significativo” para los dispositivos que brindan alojamientos transitorios con camas, ducha y comida, Miguens destacó que “no deja de ser un abordaje muy superficial”, porque las situaciones de “malos tratos” donde estas personas “se sienten violentadas” son reiteradas y los “expulsan” de dichos paradores.
Paralelamente, y en este contexto, el Estado Nacional, a través de un decreto publicado hace un mes, decidió “debilitar” sus responsabilidades respecto a una ley nacional específica que tenía como objetivo “atender la situación de quienes viven en la calle”; en vez de fortalecer las políticas para garantizar el bienestar y el acceso a los servicios esenciales de las personas en situación de calle, decidieron “desjerarquizar su rol”, cederles esa responsabilidad a las provincias y tomar la decisión de subsidiar (o no) de acuerdo a las situaciones planteadas por las diversas gobernaciones.
“Este aumento de las personas viviendo en la calle hay que leerlo en un contexto de retraimiento del rol del Estado, algo que se hace explícito desde el Gobierno Nacional, el cual ha eliminado las secretarías y los organismos públicos que atienden esos temas. Al mismo tiempo, se intenta cerrar el Fondo de Integración Sociourbana, que se dedica a financiar obras para mejorar las condiciones de vida en los barrios populares, y que desde el CELS estamos en un litigio para que no se cierre ni se desfinancie. En la Ciudad, también se ha debilitado muchísimo el presupuesto del Instituto de la Vivienda porteño, que disminuyó el 28%”, concluyó.
