Vecinos de la meseta protestan por el traslado de una planta de asfalto a ese sector de Neuquén capital, alertando sobre posibles efectos nocivos para la salud y el ambiente. Durante el fin de semana, un grupo de residentes realizó una manifestación frente al predio donde se está instalando el nuevo complejo municipal. El principal temor es la contaminación del aire y las consecuencias sanitarias, especialmente en niños y niñas.

El reclamo se concentra en el impacto ambiental y la cercanía de la planta con el lote 34, una zona en crecimiento residencial. Aunque no hay un censo oficial, los vecinos advierten que cada vez más familias se asientan en ese borde, lo que agrava la preocupación. Afirman no haber recibido respuestas claras del municipio tras solicitar informes.

Desde la Municipalidad confirmaron que se trata de la planta que antes funcionaba en Richieri y Bahía Blanca, y que fue enviada a Buenos Aires para su modernización. En diálogo con Noticias 7, Mariel Bruno, subsecretaria de Obras Públicas, aseguró que no hay riesgo de contaminación, y que la planta cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado.

«Es la misma planta repotenciada, con tecnología actualizada y con todas las precauciones necesarias», afirmó Bruno. Además, subrayó que el traslado responde a una estrategia de descentralización: “Salimos de un sector urbano consolidado y vamos hacia un sector en desarrollo, que será urbano en el futuro”.

El nuevo predio no sólo albergará la planta de asfalto, sino también una planta de hormigón, talleres y oficinas municipales. Según la funcionaria, se trata de una inversión a largo plazo que acompañará el crecimiento de la ciudad en la zona de la meseta. Por ahora, el personal operará desde trailers instalados en el lugar.

Bruno remarcó que el objetivo inicial de la planta es abastecer el bacheo de calles neuquinas. “Cuando entremos en régimen de producción, podremos incluso asfaltar cuadras completas con equipos propios, pero por ahora está pensada para mantenimiento urbano”, explicó.

A pesar de las garantías oficiales, los vecinos sostienen que el riesgo ambiental no se ha descartado y que se sienten excluidos del proceso de decisión. Exigen la realización de una instancia de diálogo participativo, donde puedan acceder a la documentación y expresar sus preocupaciones antes de que la planta entre en funcionamiento pleno.

Mientras la planta se afianza en su nuevo emplazamiento, crece el conflicto entre la necesidad de infraestructura y el derecho a un ambiente sano. La falta de comunicación transparente por parte del municipio alimenta la tensión, que seguirá en agenda mientras no se resuelvan las dudas sobre la sustentabilidad del proyecto.