Familiares de las víctimas de Aguada San Roque pidieron penas efectivas y sostienen que “la causa seguirá su curso en el Tribunal Superior y la Corte Suprema”, según comentó en diálogo con la prensa, Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN. El dirigente participó activamente en la etapa de impugnación y anticipó que la defensa apelará la excarcelación y condena en suspenso de uno de los empresarios, demostrando que las condenas aún no están firmes ni cumplidas.

El tribunal dictó penas de entre 4 y 5 años de prisión efectiva para cuatro de los cinco acusados, incluyendo a dos funcionarios públicos, un inspector de obras y un arquitecto, pero estas medidas no se ejecutaron todavía por estar en proceso de apelación. Guagliardo remarcó que “no se cumple prisión porque las condenas no están firmes”, al tiempo que denunció que algunos condenados “siguen cumpliendo funciones dentro del Estado”.

La querella y ATEN reclamaron cárceles efectivas como única sanción proporcional al daño causado, en un juicio donde murió la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino Mariano Spinedi. Guagliardo subrayó que “eran profesionales con herramientas para prever el riesgo” y que la pena en suspenso “no guarda relación con la magnitud del desastre”.

El caso podría escalar a instancias superiores, ya que las apelaciones impulsadas por las defensas y la querella serán analizadas primero por el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y podrían llegar a la Corte Suprema. Este proceso, avalado por el derecho de impugnación, podría demorar aún más la ejecución de las penas.

Familiares de las víctimas estuvieron presentes, pidiendo que “se aplique la máxima pena ejemplar”, mientras Marcelo Guagliardo y la madre de Jara reclamaban inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos, una postura respaldada por ATEN en su rol de querellante.

Entre los condenados figura un empresario con pena en suspenso, y la defensa busca que la justicia convierta esa pena en efectiva. Guagliardo anticipó que “esa resolución será tema clave en la próxima instancia judicial” y se debatirá si el acusado deberá cumplir prisión.

La madre de Mónica Jara insistió en la necesidad de justicia integral, calificando el hecho como un “encubrimiento” del Estado al no aplicar sumarios administrativos ni suspender a los funcionarios responsables. Durante las jornadas del juicio destacó que “no pudo despedirse de su hija”, por lo que exigió una condena ejemplar.

Desde ATEN se exige que las autoridades provinciales no minimicen el impacto del fallo, reclamando que las penas no queden en letra muerta y que cualquier funcionario condenado sea apartado de su cargo. Guagliardo destacó que el fallo establece un precedente para la obra pública y la seguridad en instituciones estatales.