Durante el primer semestre de 2025 se registraron 128 femicidios en todo el país, según el último informe del Observatorio Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá). El dato revela que cada 34 horas una mujer es asesinada en Argentina por motivos de violencia de género. A esto se suman 505 intentos de femicidio documentados y un impacto devastador: 84 niñas y niños quedaron huérfanos de madre.

El 71% de los crímenes se cometieron dentro del hogar de la víctima y en la mayoría de los casos el agresor fue su pareja o expareja. El informe subraya que los vínculos íntimos siguen siendo el principal entorno de riesgo para las mujeres, lo que cuestiona fuertemente la eficacia de las medidas estatales de prevención y resguardo.

La provincia de Neuquén registró dos femicidios en este período, una cifra que se mantiene respecto a años anteriores, aunque con características propias. Según explicó Gladys Aballay, referente de Mumalá en la provincia, el dato local refleja una tendencia nacional pero también pone en evidencia la falta de articulación entre organismos estatales para atender de manera integral los casos de violencia.

Un dato alarmante es que solo el 13% de las mujeres asesinadas había denunciado previamente a su agresor, lo que representa una caída respecto al informe anterior, que mostraba un 17%. Según Mumalá, esto evidencia un preocupante retroceso en el acceso a la justicia y una creciente desconfianza hacia el Estado por parte de las víctimas.

Aballay denunció que el vaciamiento de políticas públicas de género, como la eliminación del Ministerio de las Mujeres, agravó la situación, debilitando los dispositivos de contención y respuesta estatal. Para la referente, el desprestigio de las instituciones que protegían derechos adquiridos favorece un clima de desprotección y desalienta a las mujeres a denunciar a sus agresores.

La justicia llega tarde o no llega, agregó Aballay. En muchos casos, las medidas cautelares –como sacar al violento del hogar– no se cumplen o se demoran, dejando a las víctimas expuestas. Además, las mujeres deben transitar por múltiples oficinas para acceder a apoyo psicológico o económico, sin una respuesta coordinada ni eficiente del Estado.

En Neuquén, la falta de articulación entre las áreas ralentiza la atención urgente, explicó Aballay. Esta fragmentación institucional genera un laberinto burocrático que aleja a las víctimas de una respuesta rápida, integral y efectiva frente a situaciones de riesgo extremo.

Desde Mumalá proponen restablecer los programas y organismos desmantelados, así como asignar presupuesto específico para la asistencia y prevención, algo que –según la organización– se logró en parte durante el auge del movimiento Ni Una Menos. “El Estado debe volver a estar presente con recursos, personal capacitado y compromiso real para frenar la violencia feminicida”, concluyó Aballay.