
Neuquén se moviliza hoy para exigir respuestas por las desapariciones de Luciana Muñoz, joven de 21 años ausente hace 11 meses, y Sergio Ávalos, estudiante universitario desaparecido en 2003 en un caso de desaparición forzada. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) convocó a una marcha que partirá a las 17:30 desde el playón de la UNCo, uniendo a familiares, estudiantes y organizaciones sociales en un reclamo conjunto por verdad y justicia.
La concentración comenzará a las 17:00 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), ubicada en Buenos Aires 1400, y la movilización recorrerá el centro de la ciudad a partir de las 18:00. Familiares de Luciana Muñoz se reunirán primero en la Fiscalía para luego sumarse a la marcha, mientras que los allegados de Sergio Ávalos, encabezados por su hermana Mercedes, esperan la llegada de manifestantes desde Picún Leufú, localidad natal del estudiante.
Luciana Muñoz, desaparecida desde el 13 de julio de 2024, tiene 20 años, mide 1,50 metros y fue vista por última vez vistiendo una chomba negra, jean nevado y zapatillas negras. La provincia ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por información que conduzca a su paradero, pero la investigación, a cargo del fiscal Andrés Azar, no registra avances significativos. La madre de Luciana, Lila Aguerre, denuncia la falta de respuestas y exige un cambio en la carátula de la causa.
La familia de Muñoz reclama más detenciones tras la detención de un exnovio, único imputado hasta el momento. El abogado Alfredo Cury presentó un pedido para que el fiscal jefe Agustín García asuma la investigación, cuestionando la conducción actual. Muestras de sangre halladas en la casa y el auto del detenido están bajo análisis, pero no hay certezas sobre el destino de la joven, lo que intensifica el dolor y la incertidumbre de sus allegados.
Sergio Ávalos, desaparecido hace 22 años, fue visto por última vez el 14 de junio de 2003 en el boliche Las Palmas, en un caso reconocido como desaparición forzada. La investigación, a cargo del juez federal Gustavo Villanueva, apunta al personal de seguridad del local, compuesto por policías, militares y civiles. En 2024, 20 personas, incluido el encargado Patricio Sesnich, fueron imputadas por este delito de ejecución continua.
Los abogados de la familia Ávalos aseguran tener pruebas concluyentes sobre lo ocurrido en el boliche. Sergio Heredia, representante legal, sostiene que Ávalos nunca salió del local y que sus compañeros mintieron sobre los hechos. La campera del estudiante, hallada en una residencia universitaria, refuerza la hipótesis de encubrimiento. La familia, liderada por Asunción Ávalos, de 90 años, no cesa en su lucha por justicia.