Siete presuntos damnificados prestaron testimonio hoy en el juicio que se lleva a cabo en la provincia de Salta contra el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, y todos ellos coincidieron en que la empresa generaba «confianza» porque poseía diversas sucursales en varias localidades.

Se trata de cuatro policías del Servicio Penitenciario, una abogada y un agente aeroportuario retirado que declararon en la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial local ante los jueces Martín Pérez, Leonardo Gabriel Feans y Javier Aranibar.

Los denunciantes mencionaron que en las oficinas centrales -que tenía la organización en la capital- les indicaban que les permitían retirar los intereses pero el dinero inicial invertido no, capital que podían recuperar recién a los tres años y les ofrecían la posibilidad de reinvertir la plata en bots de criptomonedas.

Manifestaron haberse enterado de los trabajos de Generación Zoe en la provincia del norte por sus amigos o compañeros de trabajo, mientras que a los fiduciantes les brindaban la opción de una comisión o premio para convocar a otros inversores.

Y explicaron que mediante una aplicación en sus teléfonos celulares observaban la forma en que aumentaba su dinero, por lo que se sentían con ganas de ingresar más fondos.

De acuerdo a sus relatos, los ahorristas admitían que la organización causaba «cierta confianza» porque tenía varias sucursales en localidades y oficinas centrales en la ciudad de Salta ya que los responsables de la firma garantizaban que todo regía dentro del marco legal.

Uno de los inversores destacó que las instalaciones de Generación Zoe en Salta había una financiera, aunque también funcionaba un templo en el que se realizaban ceremonias y diferentes encuentros.

Además de Cositorto, se encuentran imputados por 118 hechos de estafas reiteradas y asociación ilícita, en concurso ideal, Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz.