Un nuevo episodio de violencia sacudió al sistema de salud pública de Río Negro. El domingo por la noche, cuatro enfermeros del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti fueron brutalmente agredidos por un paciente y su hermana. El hombre, identificado como Franco Adrián Lautaro Flores, ingresó a la guardia en aparente estado de intoxicación, y tras ser estabilizado, desató una escena de caos que terminó con lesiones, amenazas y una denuncia penal.
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Según informaron los propios trabajadores del nosocomio, Flores llegó trasladado por el SIARME, tras convulsionar en la vía pública. Una vez en el hospital, se constató que no presentaba signos clínicos de epilepsia y él mismo habría admitido haber consumido alcohol y estupefacientes. Se lo estabilizó con hidratación intravenosa, pero minutos después arrancó la vía, abandonó el centro de salud y regresó acompañado por su hermana, iniciando un ataque verbal y físico contra el personal.
La situación se transformó rápidamente en una batalla campal. Flores golpeó a un enfermero en el rostro y cuerpo, mientras su hermana agredía a otras trabajadoras y profería amenazas de muerte. La violencia desatada fue tan grave que uno de los profesionales tuvo que activar el seguro de ART, y otros resultaron con lesiones en brazos, cabeza y rostro.
Pese a la intervención de la Policía, solo Flores fue detenido, ya que, según se argumentó, no había calabozos disponibles para alojar a la mujer. Esta respuesta institucional fue duramente criticada por los empleados, que aseguraron haber quedado expuestos sin protección, a pesar de que el hospital es de complejidad 6 y recibe pacientes de toda la región.
El repudio del gobernador Weretilneck no tardó en llegar. A través de su cuenta de X, el mandatario provincial se pronunció de manera tajante: «Vamos a perseguir a quienes agredan a trabajadores de nuestros hospitales», y aseguró que el Ministerio de Salud de Río Negro se constituirá como querellante en la causa contra Flores. Para el gobernador, se trata de una acción inadmisible: «No puede ser que quienes se atreven a agredir a nuestros enfermeros puedan atacar su integridad y retirarse como si nada hubiera pasado».
La liberación de Flores tras la formulación de cargos generó una ola de indignación, no solo en el ámbito sanitario, sino también en la sociedad cipoleña, que exige respuestas concretas ante hechos que se han vuelto cada vez más frecuentes en hospitales y guardias.
El caso visibiliza una problemática estructural: la vulnerabilidad del personal de salud frente a la violencia física y simbólica, la falta de recursos para garantizar su protección y el escaso margen de acción judicial que muchas veces permite que agresores vuelvan a las calles sin consecuencias inmediatas.
Desde el hospital expresaron que la creciente cantidad de ataques afecta directamente la calidad de la atención, ya que provoca ausentismo, desgaste emocional y retraimiento profesional.
