La Ruta Provincial 7 fue liberada este martes a las 11:00 horas tras una orden emitida por el Ministerio Público Fiscal (MPF), que requirió la intervención de la Policía provincial para intimar a los manifestantes que mantenían interrumpido el tránsito a la altura de la cerámica Zanon.

El corte de la Ruta 7 fue llevado adelante por trabajadores de la Cerámica Neuquén, en reclamo por el corte en el suministro de gas y del servicio eléctrico que paraliza la producción y pone en riesgo decenas de puestos de trabajo.

La manifestación comenzó a las 6:00 am con un corte total de la ruta que une Centenario con la capital neuquina. La situación se tornó tensa cuando una camioneta intentó atravesar el piquete, lo que generó un violento incidente.

Según informaron testigos, el conductor de un vehículo descendió tras embestir a varios manifestantes, lo que derivó en un forcejeo con los trabajadores. El personal policial presente intervino rápidamente y escoltó al individuo fuera del área para evitar mayores enfrentamientos.

Alejandro López, secretario general de Cerámica Neuquén, denunció que el hecho fue una provocación y cuestionó la actitud de las fuerzas de seguridad. “Lo raro es que cuando llegó a la policía, lo conocían todos. Para mí nos montaron una provocación” expresó López, al sugerir un posible acuerdo entre el conductor y los efectivos policiales.

El fiscal jefe Mauricio Zabala había enviado un oficio preventivo a la comisaría Primera la noche anterior, es decir el lunes 26 de mayo, donde advertía la posibilidad de manifestaciones que afectaran el normal funcionamiento del transporte y dependencias estatales. Por eso, el Ministerio Público Fiscal  requirió actuar conforme a la Ley 2801 y el artículo 194 del Código Penal para evitar el bloqueo de rutas.

Zabala especificó que, en caso de no lograrse impedir la interrupción del tránsito, se debía intimar a los manifestantes a despejar voluntariamente en el plazo de una hora. De lo contrario, autorizó el uso de las facultades legales para restablecer la circulación y garantizar el normal desarrollo de las actividades gubernamentales.

“Se proceda a intimar a las personas que se encuentren impidiendo, estorbando y/o entorpeciendo el normal funcionamiento de los transportes en alguna arteria o el normal funcionamiento de alguna dependencia estatal, a que desalojen de manera voluntaria en el plazo de una hora» indicó Zabala.

Además, solicitó a la Policía identificar a los organizadores y partícipes del corte, así como registrar evidencia del hecho mediante actas, videos y fotografías. Estas medidas apuntan a investigar e identificar a las personas que promueven este tipo de manifestaciones vinculados a la obstrucción de servicios públicos.

Los trabajadores aseguran que la deuda con CALF, que motivó el corte de luz y gas, no fue contraída durante su gestión. Plantean que necesitan un plan de pagos acorde para continuar operando, ya que la situación pone en riesgo el sustento de más de 80 familias.