El juicio por la estafa millonaria en Neuquén comienza el 21 de julio, con un veredicto esperado para los primeros días de septiembre, y este miércoles se definirán los detalles finales sobre la duración de las audiencias y la cantidad de testigos por jornada. La causa, que involucra a 15 imputados acusados de desviar más de 153 millones de pesos de planes sociales, promete ser uno de los procesos judiciales más extensos y resonantes de la provincia.
211 testigos declararán en el proceso, según resolvió la jueza Carina Álvarez tras nueve jornadas de control de acusación. Entre ellos figuran el exgobernador Omar Gutiérrez, la exministra Adriana Figueroa, y gerentes del Banco Provincia de Neuquén, cuya participación en la maniobra está bajo sospecha. La fiscalía busca probar una asociación ilícita que operó entre 2020 y 2022, defraudando fondos públicos destinados a subsidios por desempleo.
La audiencia ordenatoria de este miércoles, encabezada por la directora de Asistencia a Impugnación, Gabriela Villalobos, ajustará la grilla de testimonios y horarios de las jornadas, que se extenderán por un mes y medio. Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, junto a la Fiscalía de Estado, presentarán pruebas documentales, pericias contables y secuestros de dispositivos electrónicos para sustentar las acusaciones de fraude y uso indebido de tarjetas de débito.
Cinco exfuncionarios son señalados como cabecillas, incluyendo a Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sánz, y Marcos Ariel Osuna, quienes enfrentan cargos por liderar una estructura piramidal que captaba beneficiarios para apropiarse de fondos. Soiza, en una audiencia reciente, insinuó que el dinero desviado pudo haber financiado campañas políticas en 2021, una declaración que agita el escenario político provincial.
El juicio se desarrollará ante un tribunal colegiado, integrado por los jueces Luciano Hermosilla, Juan Manuel Kees, y Juan Guaita, quienes evaluarán la responsabilidad de los imputados en una causa que ha generado fuerte impacto social. La magnitud del fraude, estimado en 941 millones de pesos a valores actualizados, expone fallas en los controles del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
La Fiscalía de Estado busca recuperar los fondos, iniciando una acción procesal administrativa paralela para reclamar los 153 millones de pesos defraudados, más intereses. Dos imputados, Adrián Meza Lizama y Alfredo Cury, ya devolvieron sumas cobradas indebidamente, aunque el proceso civil determinará responsabilidades económicas adicionales para todos los acusados.
El caso destapa tensiones políticas y judiciales, con acusaciones cruzadas entre imputados y cuestionamientos al sistema de gestión de planes sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez. La inclusión del exgobernador como testigo, propuesta por la defensa de Soiza, generó controversia, aunque la fiscalía no se opuso, considerando pertinente su testimonio sobre los decretos que autorizaban los subsidios.
El juicio podría extenderse hasta tres meses, dependiendo de la cantidad de testigos citados por día y la complejidad de las pruebas. La expectativa ciudadana es alta, ya que el proceso no solo busca justicia penal, sino también esclarecer el uso indebido de fondos públicos en un contexto de crisis económica y social en Neuquén.
