Un alumno de séptimo grado de la Escuela 200 en Neuquén habría llevado un arma y agredido a un compañero menor con un ladrillo, según denuncias de padres, provocando la suspensión de clases y una investigación en curso. La Defensora de los Derechos del Niño, Natalia Stornini, aseguró que el sistema de protección integral está activo para abordar la situación y proteger a los menores involucrados.

La comunidad educativa está en alerta tras las denuncias presentadas el lunes, cuando padres reportaron que un estudiante de séptimo grado amenazó con un arma a compañeros de cuarto grado y golpeó a otro en la cabeza con un ladrillo. La interrupción de clases desde entonces refleja la tensión y la necesidad de esclarecer los hechos.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) emitió un comunicado aclarando que la situación está bajo análisis debido a versiones contradictorias entre familias y docentes. El CPE señaló que, aunque el hecho denunciado no ha sido corroborado, se venía trabajando previamente con situaciones particulares de estudiantes de la escuela, y se continúa interviniendo para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad educativa.

Natalia Stornini destacó la intervención estatal, subrayando que la Ley 2302 de Neuquén activa un sistema de protección que coordina educación, salud, justicia y la Subsecretaría de Familia. “Contener, no expulsar, es la solución”, afirmó, abogando por medidas que eviten la exclusión del menor señalado.

El gremio docente niega las acusaciones, rechazando la presencia de un arma o el incidente con el ladrillo. A pesar de esto, el Consejo Provincial de Educación y la Defensoría investigan para determinar la veracidad de los hechos, priorizando la privacidad de las familias.

Stornini llamó a la contención familiar, señalando que los comportamientos disruptivos suelen ser un reflejo de conflictos familiares o sociales. Un equipo psicosocial trabajará con la familia del menor para diagnosticar las causas y ofrecer herramientas que promuevan su reinserción.

Expulsar al estudiante agrava el problema, advirtió Stornini, ya que podría derivar en riesgos como la delincuencia o el consumo de drogas. La Convención Internacional de los Derechos del Niño obliga al Estado a apoyar a las familias, evitando medidas extremas.

Los padres exigen garantías de seguridad, expresando temor por sus hijos. Stornini instó a la empatía comunitaria y reconoció el rol de los docentes, quienes, al pasar de 4 a 6 horas diarias con los niños, son clave para detectar vulnerabilidades.

La escuela refleja la sociedad, explicó Stornini, actuando como una caja de resonancia de problemáticas externas. La intervención estatal busca equilibrar los derechos de todos los menores, fortaleciendo la comunidad educativa mediante la contención y el acompañamiento.