Neuquén y Río Negro obtuvieron veedores en las negociaciones para la licitación de las represas hidroeléctricas del Comahue, tras intensas gestiones ante el Gobierno nacional, según confirmaron fuentes provinciales. La decisión, oficializada en mayo de 2025, responde a la presión de los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck para garantizar una participación activa en el proceso que definirá la concesión de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados, y Piedra del Águila por los próximos 30 años.
El pliego licitatorio fue publicado el 7 de mayo, marcando el inicio formal del concurso público nacional e internacional para reprivatizar las cuatro represas, que aportan entre el 10% y 15% de la matriz energética argentina. La Secretaría de Energía, bajo María Carmen Tettamanti, incorporó a un representante de cada provincia como veedor, asegurando que Neuquén y Río Negro puedan supervisar los términos y condiciones, tras críticas por la falta de consulta inicial.
Las provincias exigieron mayor protagonismo, argumentando que los recursos hídricos son de dominio provincial según la Constitución Nacional de 1994. Los gobernadores, que en abril solicitaron 30 días para analizar el borrador del pliego pero recibieron solo 15, lograron que Nación cediera parcialmente, permitiendo veedores para resguardar intereses ambientales, económicos y sociales en la región.
El proceso licitatorio generó tensiones previas, ya que el Gobierno nacional, a través del Decreto 718/2024, avanzó inicialmente sin considerar las demandas provinciales de participación accionaria. La inclusión de veedores busca mitigar estas fricciones, aunque las provincias aún reclaman un modelo tripartito que les otorgue un rol en la gestión de las represas, un punto que Nación no ha concedido.
Neuquén y Río Negro buscan maximizar regalías, con Figueroa destacando la posibilidad de cobrarlas en especie para disponer de energía propia. La presencia de veedores permitirá a las provincias presentar observaciones técnicas y jurídicas durante la licitación, asegurando que los pliegos reflejen sus intereses, como el canon por el uso del agua aprobado en leyes provinciales de 2024.
El rol de los veedores es consultivo, no decisorio, lo que limita su influencia frente a la autoridad del Poder Ejecutivo nacional, según aclaró el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. A pesar de esta restricción, los gobernadores celebraron el avance como un “paso adelante” para garantizar que las decisiones respeten el impacto de las represas en la seguridad hídrica y el desarrollo regional.
La licitación enfrenta críticas por su premura, con el ministro neuquino Rubén Etcheverry calificando el proceso como “apresurado” en abril. La prórroga de 15 días, decretada el 10 de abril vía el Decreto 263/2025, respondió a las demandas de más tiempo para análisis, pero las provincias insisten en que el plazo sigue siendo insuficiente para un tema de tal magnitud.
La oposición en Neuquén pide rechazar la privatización, con proyectos en la Legislatura provincial que proponen que las represas pasen a manos estatales. Mientras Figueroa negocia con Nación y Río Negro por mejoras, como un menor costo energético local, la inclusión de veedores refleja un esfuerzo por equilibrar los intereses federales con la agenda nacional de desregulación.
