Un grave hecho sacudió este fin de semana a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 11 de Neuquén. La pareja de un interno denunció que recibió mensajes extorsivos desde el celular del detenido, donde le exigían dinero bajo amenazas de agresión dentro de la cárcel.

El primer mensaje llegó el sábado, cuando la mujer recibió un texto advirtiendo que su pareja estaba retenida en su celda. A través de distintos audios y chats, los extorsionadores aseguraban tener el candado y la llave del lugar y amenazaban con atacarlo si no se concretaba un pago inmediato a través de una billetera virtual.

En los intercambios, los captores pedían además la venta de un arma, cuyo contexto no fue detallado, y presionaban a la mujer con la supuesta promesa de no lastimarlo si recibían el dinero solicitado.

Al no obtener respuestas claras, la novia del interno acudió a la policía provincial y radicó la denuncia correspondiente. Las autoridades penitenciarias aseguraron que el interno se encontraba en buen estado y que podría tratarse de una maniobra interna entre presos del Pabellón 6, aunque todavía no se descartan otras hipótesis.

La situación se torna aún más compleja porque surgieron nuevas amenazas dirigidas a otros familiares del detenido desde otro número telefónico, lo que sugiere una posible extensión del conflicto fuera del penal.

El interno involucrado está cumpliendo una condena de más de 14 años por homicidio en el contexto de una guerra entre bandas en la capital neuquina. Además, estuvo sospechado de participar en otro asesinato previo, aunque en ese caso fue beneficiado por el principio de duda razonable.

Hasta el momento, no se ha logrado recuperar el control total de la situación. El hecho revela falencias en el control carcelario, ya que plantea interrogantes sobre el ingreso y uso de teléfonos celulares en la prisión y el posible acceso irregular a elementos de seguridad como las llaves de celdas.

Las autoridades confirmaron que se amplió la denuncia ante la fiscalía local y que Criminalística trabaja en la investigación para esclarecer cómo los detenidos pudieron vulnerar los protocolos internos. Mientras tanto, el temor de las familias crece, a la espera de una resolución urgente para garantizar la seguridad del interno y sus allegados.