El juez de garantías Juan Pablo Encina rechazó un acuerdo presentado por la fiscalía, la querella y la defensa de dos imputados en la causa conocida como “planes sociales”, que investiga un presunto fraude millonario contra la administración pública de Neuquén. La decisión implica que ambos acusados, identificados como López y Lizama, seguirán sometidos a juicio oral y público junto al resto de los involucrados.
El planteo de las partes apuntaba a evitar el juicio mediante una condena de tres años de prisión condicional, es decir, sin cumplimiento efectivo, a cambio del reconocimiento de los hechos imputados. Encina, sin embargo, consideró que el acuerdo no justificaba adecuadamente por qué no se contemplaban los agravantes que, a su entender, elevan la gravedad del caso.
Según explicó el magistrado, uno de los imputados, López, enfrenta cargos por 264 hechos de defraudación en un período de casi dos años, mientras que Lizama está acusado de haber cometido 103 hechos similares. A pesar de esa carga probatoria, las partes propusieron el mínimo de la pena legal, sin argumentar por qué no se debería aplicar una sanción mayor.
“Me piden homologar una pena de tres años condicional, pero no explican por qué no tienen en cuenta los agravantes”, remarcó Encina durante la audiencia, donde rechazó el acuerdo en base al principio de legalidad que obliga a los operadores judiciales a fundamentar sus decisiones dentro del marco normativo.
La acusación en esta causa es por asociación ilícita en concurso real con defraudación a la administración pública, delitos que prevén penas que pueden llegar hasta los diez años de prisión. Encina aclaró que la restitución parcial del dinero sustraído por parte de uno de los imputados (quien devolvió $4.900.000) no exime del análisis de la gravedad y el daño causado.
Para el juez, la falta de fundamentación del acuerdo podría considerarse un acto arbitrario y alejado de la ley, por lo que resolvió no convalidarlo. En sus palabras: “Si alguien comete un hecho delictivo, se le aplica una pena. Si comete 264 hechos, corresponde analizar si el mínimo legal es suficiente o si debe incrementarse la pena”.
Las defensas aún tienen la posibilidad de apelar esta decisión ante el Tribunal de Impugnación de la provincia de Neuquén, que podría revertir o ratificar lo resuelto por Encina. Mientras tanto, el proceso continúa con todos los imputados incluidos en la investigación y el juicio avanza según el cronograma previsto.
El expediente revela un esquema de defraudación que involucraría a funcionarios públicos y empleados de distintos organismos provinciales, con un perjuicio millonario al Estado neuquino. Los montos de dinero en cuestión alcanzan los 12.700.000 pesos en el caso de López y 4.900.000 pesos en el de Lizama, sumas que habrían sido desviadas mediante maniobras fraudulentas con los programas de asistencia social.
