Vecinos de Zapala expresaron su preocupación ante la reciente intervención de la Cooperativa Eléctrica de la localidad, dispuesta por el Ministerio de Gobierno.

La intervención se basa en presuntas irregularidades, que incluyen la falta de presentación de balances y la designación de personal de manera no transparente. Según los habitantes, estas prácticas afectan directamente el funcionamiento de la cooperativa y el servicio que brinda a la comunidad.

César Santochi, vecino y socio de la cooperativa, explicó que la situación comenzó a tornarse crítica bajo la gestión del presidente anterior, quien estuvo al frente durante 17 años. Durante su mandato, no se aprobaron varios balances que, aunque fueron avalados por el Colegio de Contadores, no fueron discutidos en la asamblea, como estipula la normativa.

En diálogo con el programa «Hay que ver» Santochi relató que, a pesar de la presión social, las elecciones internas se llevaron a cabo en 2024, pero la lista que finalmente asumió el cargo no enfrentó competencia real.

El proceso de intervención, en un principio bajo el control de un contador matriculado, experimentó cambios legales que permitieron que el interventor fuera una persona sin los requisitos profesionales necesarios, lo que aumentó la desconfianza entre los vecinos. A pesar de que el interventor fue sancionado por el Consejo de Contadores por no tener la matrícula habilitada, la intervención continuó.

Además, la cooperativa ha experimentado un aumento en el personal y en los gastos, lo que genera más inquietudes sobre la gestión financiera.

Un punto clave de la controversia es el manejo del servicio de alumbrado público, que se cobró a través de la factura de electricidad, y la incorporación de impuestos municipales en las boletas. Mientras tanto, los problemas en la cooperativa incluyen cortes de energía sin explicación y la falta de materiales para reparaciones urgentes, lo que agrava la situación para los socios.

Los vecinos y socios de la cooperativa, liderados por Santochi, han solicitado a la justicia que se convoque a elecciones para que la cooperativa sea dirigida democráticamente por sus propios socios.

«No estamos en contra de los empleados, sino de la gestión actual», afirmó Santochi, quien también destacó la falta de transparencia y de información por parte del interventor.

Por el momento, los vecinos continúan recolectando firmas para exigir que se revierta la prórroga de intervención otorgada por la justicia, que se extiende hasta finales de 2025.