La investigación sobre presuntas estafas en la cooperativa 127 Hectáreas avanza, con más de 7000 damnificados y un esquema de fraude que podría extenderse por dos décadas. El abogado Ezequiel Otarola, representante de las víctimas, afirmó que la causa continúa su curso judicial a pesar de la reciente renuncia de Jorge Salas, exfuncionario provincial vinculado a la entidad.
Según Otarola, la renuncia de Salas como director provincial de Hábitat y Ambiente no cambia el rumbo de la investigación. «Era cuestión de tiempo para que el gobierno lo apartara», aseguró el abogado, en referencia a las exigencias de los damnificados, quienes la semana pasada presentaron un petitorio formal pidiendo su destitución.
Las denuncias apuntan directamente a la cooperativa y a todos sus directivos, quienes podrían enfrentar cargos por fraude, administración fraudulenta y malversación de fondos. «Vamos a investigar a cada uno de los responsables y el destino del dinero aportado por los asociados», subrayó Otarola, agregando que la fiscalía ya está tomando declaraciones a las víctimas.
Uno de los aspectos más graves del caso es la doble función de Jorge Salas, quien simultáneamente ocupaba un cargo público y la presidencia de la cooperativa. «Esa incompatibilidad es inaceptable, vamos a exigir que el gobierno provincial inicie un sumario administrativo y que Salas devuelva los salarios cobrados en su doble rol», sostuvo Otarola.
Otro punto bajo investigación es la asignación irregular de viviendas. Según la denuncia, algunas propiedades fueron entregadas a personas con solo tres meses de afiliación, mientras que otros asociados llevan más de una década esperando sin recibir respuesta. Además, se cuestiona la calidad de construcción, ya que muchas viviendas presentan fallas estructurales que podrían derivar en acciones legales adicionales.
La situación también genera dudas sobre otros empleados que ingresaron a la administración pública junto a Salas. «Muchos de ellos eran sus asesores en la cooperativa y hoy ocupan cargos gubernamentales. Deberían ser removidos», afirmó el abogado, sugiriendo que la provincia debería revisar estos nombramientos.
Entre los damnificados también hay quienes pagaron cuotas durante más de una década con la promesa de acceder a lotes futuros. «Nos encontramos con personas que desde 2010 vienen aportando dinero sin recibir nada a cambio», indicó Otarola, anunciando que este grupo también presentará una denuncia penal.
La incertidumbre sobre el caso sigue creciendo, mientras nuevas denuncias continúan llegando a la fiscalía. «Esta es una megaestafa de proporciones millonarias, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias», concluyó Otarola, dejando en claro que la lucha por la justicia recién comienza.
