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Despiden a más de 100 empleados de la Defensoría del Público

El gobierno anunció el despido de más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), creada por la Ley de Medios. El organismo quedará con solo 40 empleados, según confirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Sturzenegger afirmó que la DPSCA fue utilizada para atacar […]

El gobierno anunció el despido de más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), creada por la Ley de Medios. El organismo quedará con solo 40 empleados, según confirmó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Sturzenegger afirmó que la DPSCA fue utilizada para atacar al periodismo independiente. A través de la red social X, sostuvo que el kirchnerismo creó este organismo con la intención de “doblegar a los periodistas críticos” del gobierno de entonces.

Desde 2009, el Estado destinó 70 millones de dólares para financiar este organismo. Según el ministro, ese dinero fue utilizado, entre otras actividades, para reunir denuncias presuntamente repetidas contra periodistas opositores.

El ministro acusó al organismo de realizar actividades de adoctrinamiento político. En su mensaje, criticó la existencia de un estudio de televisión portátil utilizado para “adoctrinar a chicos” durante recorridos estivales.

La Defensoría fue creada en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su objetivo original era canalizar consultas, reclamos y denuncias del público sobre contenidos en radio, televisión y otros medios.

La medida es parte del “plan motosierra” del gobierno liderado por Javier Milei. Sturzenegger, encargado de la transformación del Estado, impulsa una política de recorte en diversas áreas estatales.

La decisión generó críticas en sectores de la oposición y organismos de derechos humanos. Denunciaron que el cierre de estos espacios afecta la pluralidad y la posibilidad de que los ciudadanos tengan canales para expresar sus reclamos.

El futuro del organismo y sus funciones queda en incertidumbre. Mientras tanto, el gobierno asegura que la reducción es necesaria para disminuir el gasto público y eliminar estructuras que consideran innecesarias.

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