Prior comentó que esta medida profundiza la desregulación del mercado inmobiliario, eliminando un elemento de control estatal que permitía obtener información clave para aplicar políticas públicas de acceso a la vivienda. «El registro de contratos en AFIP permitía al Estado obtener datos para desarrollar políticas públicas, y su eliminación sigue eludiendo la presencia estatal en el sector,» explicó Prior.

Además, el abogado señaló que, si bien la normativa eliminada podía considerarse un obstáculo para algunos propietarios, su impacto real en los precios era mínimo. «No creo que la eliminación de este requisito impacte favorablemente en los precios o en el acceso a la vivienda para los inquilinos,» afirmó.

Por otra parte, Prior destacó que la oferta de alquileres se ha visto afectada en Neuquén Capital, donde muchas propiedades se han destinado al alquiler temporario, mientras que los precios para vivienda permanente son exorbitantes. «La desregulación del mercado ha permitido que los contratos de alquiler se realicen por plazos cortos con aumentos trimestrales, lo que dificulta aún más el acceso a la vivienda,» agregó.

En cuanto al impacto de esta medida en el contexto económico actual, Prior enfatizó la necesidad de políticas públicas activas para abordar el problema de la vivienda. «Sin una normativa específica que regule los precios y condiciones del alquiler, la situación seguirá siendo desfavorable para los inquilinos,» advirtió.

Finalmente, Federico Prior hizo hincapié en la importancia de establecer reglas claras en el mercado de alquileres, que protejan tanto a los propietarios como a los inquilinos. «Es necesario que las políticas públicas aborden el déficit habitacional de manera integral, considerando tanto las necesidades de los propietarios como de quienes buscan un lugar donde vivir,» concluyó.