La mañana de este jueves dejó al descubierto uno de los casos más graves y extendidos de presunta estafa inmobiliaria en Neuquén. Decenas de familias se reunieron en el predio donde debía levantarse el complejo “Vivo Confluencia”, en barrio Confluencia, un proyecto de 184 departamentos que jamás se construyeron y cuyas obras reales se limitan a un puñado de estructuras inconclusas. La empresa responsable, BMS SRL, comercializó viviendas desde 2015 y, según los testimonios, cobró adelantos y pagos totales que en muchos casos superan los 100 mil dólares. Aun así, varias de las etapas proyectadas nunca pasaron del render.

Ailín Araos González, una de las damnificadas, contó que pagó el 100% del valor de un departamento, pero no tiene posesión de la tierra ni ningún avance material: “No tengo nada. Ni siquiera esto, porque el terreno está embargado”. Su entrega estaba pactada para 2021; sin embargo, ni la pandemia ni la inflación alcanzan para explicar la paralización absoluta de un emprendimiento que lleva más de ocho años sin cumplirse.

El caso es aún más complejo para quienes sí recibieron algo: vecinos que tuvieron que meterse a la fuerza en unidades precarias, sin gas, luz ni impuestos habilitados, como relató Alexandra Bardaro, quien esperaba su departamento desde 2015 y recién ingresó en 2023, durmiendo en condiciones mínimas y sin servicios básicos. Lo mismo ocurrió en la etapa tres, la única que registra viviendas habitadas, con estructuras deficientes y sin final de obra.

Otros compradores, como Osvaldo Jorquera y Valeria López, pagaron completamente sus unidades en 2021, aunque debían recibirlas en 2019. “Tengo sólo paredes, nada más. Todo tapeado”, describieron.

A la situación económica y edilicia se suma una maniobra judicial que indignó aún más a los damnificados. Ailín obtuvo un fallo favorable en septiembre, pero en octubre la empresa se presentó en concurso preventivo. La Justicia de Cipolletti —donde los dueños tienen radicadas sus sociedades— extendió hasta marzo de 2026 el plazo para que los acreedores se presenten, debido a una supuesta falla en la publicación de un edicto. Los damnificados lo consideran un artilugio que demora la devolución del dinero y permite que los responsables sigan operando.

Los nombres que se repiten en cada relato son los de Mariano Santos, señalado como titular de BMS SRL y Rebus, y Federico Lapuente, su administrador. Según los vecinos, ambas firmas continúan vendiendo nuevos proyectos en la ciudad, incluso en terrenos que —afirman— ya estarían comprometidos judicialmente. También mencionan a Conecta Gestión de Negocios, intermediaria que habría comercializado lotes en conflicto a compradores particulares que desconocían la situación de embargo.

De acuerdo a un relevamiento elaborado junto a profesionales, la deuda del emprendimiento ascendería a 25.000 m² de obra no ejecutada, equivalentes a casi 50 millones de dólares al valor de metro cuadrado actualizado en Neuquén. “Nosotros no buscábamos invertir ni especular. Queríamos nuestra única vivienda”, explicó una de las vecinas, resumiento un sentimiento común en el grupo.

Los damnificados ahora dependen del Juzgado Civil N°1 de Cipolletti, a cargo del juez Diego de Virgilio, en un proceso que avanza lentamente mientras las obras siguen paralizadas y las empresas continúan comercializando otros desarrollos. “La Justicia está siendo permisiva”, advirtió uno de ellos. “Hay gente que compró de buena fe en terrenos embargados, y el día de mañana se va a encontrar con un problema peor del que imaginan”.